Con el quinto aniversario de la Ley de Dependencia recién cumplido y 7541.713 personas atendidas, aún queda un largo recorrido para que esta norma alcance unos niveles de aplicación ‘normalizados’, ya que hasta ahora se han venido topando, y aún vendrán más, con constantes trabas, especialmente derivadas de la cuestión económica, o lo que es lo mismo, de su financiación, que pone en cuestión su viabilidad.
De momento hay 315.244 dependientes esperando recibir una prestación o servicio, pero por si esto fuera poco aquello que están en el primer paso de todos, a las puertas de ser valorados, parece que no sólo lo van a tener más complicado, sino que además van a tener que ir con el dinero por delante. Y es que algunas autonomías están imponiendo una tasa a los ciudadanos que quieran ser valorados para determinar su grado de dependencia, lo que hasta ahora ha venido siendo gratuito. Entre las primeras comunidades que ha puesto en marcha esta medida está Murcia, que desde primeros de enero ya viene cobrando 30 euros por ese trámite, y ahora siguiendo esta estela, se coloca Castilla–La Mancha, donde Cospedal quiere cobrar 20 euros a los que quieran para saber si son o no dependientes y de qué nivel.
Desde la propia patronal del sector, la Federación de Empresarios de la Dependencia (FED), se considera esta medida como injusta y así lo ha manifestado su presidente, Alberto Echevarría, en declaraciones a Europa Press, al señalar que “el 80% de los evaluados resultan tener derecho” a la ayuda, y que si el porcentaje fuese el contrario “parecería lógico poner coto” pero “la sensatez de la ciudadanía ha quedado demostrada” porque la mayor parte de los solicitantes de evaluación son en realidad sujetos de derecho a recibir un servicio o prestación por dependencia.
Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende imponer, como parte del conjunto de recortes previstos, el fin de la gratuidad para los dependientes de los centros de día, las estancias nocturnas y la ayuda a domicilio, y establecer la fórmula del copago. También se habrá de pagar, en función de la renta, transporte de estas personas hasta los citados centros, o que en su defecto los familiares se hagan cargo del traslado, salvo casos excepcionales en que no haya “familiar alguno”. Otra de las medidas que se quiere adoptar es que la Administración castellano-manchega sólo pagará a las residencias privadas por las plazas que ocupe, con los consiguientes perjuicios para los centros, que no pueden disponer de esas plazas cuando no están ocupadas pero sí han de estar libres al estar reservadas.
