El viernes el Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos relacionados con la aplicación de la Ley de Dependencia. Uno establece las cuantías máximas de las prestaciones económicas para las personas en situación de dependencia para el ejercicio 2011, y el segundo determina el nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) para este año. En ambos casos se recoge la incorporación al Sistema de las personas con dependencia moderada, Grado I Nivel 2.
Con el primero de los documentos se incorporan las prestaciones económicas que recibirán las personas con dependencia moderada, Grado I Nivel 2 y establece las prestaciones económicas del resto de niveles ya incorporados al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para 2011.
Así, la cuantía económica máxima vinculada a un servicio en 2011 para un ‘gran dependiente‘ es de 833,9 euros mensuales (grado III, nivel 2) y de 625,4 euros (grado III nivel 1); para el ‘dependiente severo’, 462,1 euros (grado II nivel 2) y 401,2 euros (grado II nivel 1); para el‘dependiente moderado’, 300 euros (grado I nivel 2). La cuantía máxima para cuidados en el entorno familiar para un ‘gran dependiente’ es de 520,6 euros mensuales (nivel 2) y 416 euros (nivel 1); para un‘dependiente severo’, 462,1 euros (nivel 2) y 401,2 (nivel 1); para‘dependientes moderados’, 180 euros. La cuantía para la prestación económica de asistencia personal, que sólo se da a los ‘grandes dependientes’ asciende a 833,9 euros al mes (nivel 2) y 625,4 euros (nivel 1).
Entre tanto, el Ministerio de Sanidad y Política Social ha dado a conocer, a través de la secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Martínez Lozano, y la directora general del IMSERSO, Purificación Causapié, las cifras que arrojan los cuatro años que se cumplen de la aplicación de la Ley de Dependencia. Como constatación del hecho de que aún queda recorrido para completar la ejecución plena de la ley es queuno de cada tres dependientes no recibe los servicios y prestaciones a los que tiene derecho (del 1.071.603 personas calificadas por el sistema como ‘beneficiarias con derecho a prestación’, 720.769 están recibiendo alguna ayuda), aunque cuatro de cada cinco personas reconocidas como grandes dependientes reciben ya las prestaciones de la Ley de Dependencia.
Según las fuentes del Ministerio, en el último año se han acelerado los plazos para la valoración y atención de este colectivo, aunque no en todas las comunidades autónomas existe la misma diligencia - La Rioja, Andalucía y Cantabria se encuentran a la cabeza en número de reconocimientos mientras que Canarias, la Comunidad Valenciana y Madrid llevan un ritmo más lento-. Además, en 2010 no ingresaron nuevos dependientes al sistema porque se trataba de un ‘año valle’ y desde el 1 de enero de 2011, se han incorporado al sistema 148.193 ‘dependientes moderados’ (grado I nivel 2) que han engrosado la lista de espera.
El perfil más generalizado del dependiente con derecho a percibir una prestación es el de mujer mayor de 80 años residente en una localidad de más de 50.000 habitantes, valorada en situación de gran dependencia (con Grado III), perceptora de una pensión de viudedad de la Seguridad Social, con una renta media situada entre uno y dos IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), y titular de patrimonio inmobiliario, fundamentalmente vivienda habitual. Y es que según las estadísticas recogidas por el Ministerio entre los dependiente beneficiados, más de la mitad del total (el 56,23%) tienen 80 ó más años, a la mayoría (el 56,65%) se les ha aplicado el Baremo de Valoración de discapacidad física, frente al 43,35% al que se ha aplicado el Baremo de Valoración de enfermedad mental o discapacidad intelectual y la mayor parte viven en localidades de más de 50.000 habitantes, aunque cerca de 200.000 personas beneficiarias residen en entornos rurales. Además, se ha podido constatar que la enfermedad mental o discapacidad intelectual es más frecuente en los grandes dependientes y que éstos suelen ser los de más edad.
Causapié y Martínez han señalado que la mayoría de las prestaciones que se conceden son para cuidados en el entorno familiar, aunque hay que considerar la influencia del grado de dependencia, ya que cuanto menor es éste, más aumenta la prestación de servicios a domicilio y la teleasistencia, del mismo modo que los servicios de carácter residencial se prestan especialmente a personas con elevada dependencia. Y es que el 87,3% de los mayores “prefieren quedarse en casa” y ser atendidos allí.
Desde un punto de vista más puramente económico, se puede destacar que el Estado ha aportado, hasta finales de 2010, 5.390.510.668 eurospara financiar la atención a la dependencia, una cantidad que supera enmás de un 60% lo previsto la memoria económica como aportación dela Administración General del Estado. Además, desde enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2010, en el sector de servicios sociales asociado a la dependencia se han producido 260.406 nuevas altas en la Seguridad Social, de las que 110.841 corresponden a nuevas afiliaciones en el Régimen General y 149.565 a personas que se han dado de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales.
