Sin dinero para las residencias catalanas

La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, ha anunciado (a través de un escueto comunicado publicado en la web oficial) que el departamento que dirige suspenderá durante los próximos dos meses las llamadas prestaciones económicas vinculadas (PEV), que son las ayudas económicas establecidas para pagar el ingreso de los mayores dependientes sin recursos económicos suficientes en geriátricos concertados o privados cuando no hay sitio en los centros públicos. La medida afectará a los nuevos usuarios a los que se les conceda el PIA (Programa Individual de Atención), pero no a aquellos a quienes ya se les están pagando estas ayudas residenciales ni a las ya reconocidas hasta el 31 de julio, fecha de la firma de esta disposición. La consellera además ha señalado que “durante estos dos meses, aquellas personas que no puedan acceder a una prestación económica vinculada, podrán ser atendidos a través de otras prestaciones y servicios vinculados a la Ley de Dependencia”.

Desde el departamento de Benestar Social i Família se ha insistido en que la medida es transitoria y que se debe a la a voluntad de “no querer causar más problemas a las entidades sociales y mercantiles, ni tampoco a los usuarios” y que se trata de una decisión que persigue la sostenibilidad del sistema, frente a la “deficiente financiación por parte de la Administración del Estado”, ya que, actualmente la Generalitat asume el 80% del coste de las prestaciones y servicios de la Ley de Dependencia, frente al 20% que aporta la Administración central, a pesar la Ley establece que la financiación se debería dividir en partes iguales.

Esta medida ha sido calificada de ‘inaceptable’ por el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi) en un comunicado en el que también ha criticado que el anuncio de la medida se haya hecho en verano y que la Generalitat se haya escudado en los incumplimientos del Estado.

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