Según los artículos 27 y 28 de la Ley de Dependencia aprobado en 2006, serán las Comunidades Autónomas, a través de sus administraciones, las encargadas de proceder a la valoración y posterior reconocimiento de la situación de dependencia de las personas que lo soliciten. Sin embargo, éste es un proceso que se está dilatando en diferentes autonomías y que está siendo utilizado como arma arrojadiza de los partidos.
Canarias es uno de esos casos en los que la Ley de Dependencia está sufriendo retrasos. Según el Gobierno canario, ésta es una situación producida como consecuencia de la compatibilidad con la normativa autonómica, aunque finalmente, el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para las Autonomías y Atención a la Dependencia.
Hasta ahora, el Gobierno de Canarias ha venido recibiendo críticas por su retraso en la formalización de la Ley de Dependencia. Ejemplo de ello son las acusaciones que el Partido Socialista ha vertido sobre el Ejecutivo autonómico, al que ha culpado ser el responsable del retraso en la aplicación de la ley en Canarias al no haber elaborado la normativa autonómica para que la misma sea efectiva. En este punto la Consejera canaria de Bienestar Social, Inés Rojas, ha respondido que aunque el Congreso aprobó una buena ley que tuvo el respaldo del Gobierno de Canarias, el Estado no la ha dotado adecuadamente, de forma que de cada 100 euros que se destinan en Canarias para la dependencia, 95 los aporta el Gobierno de Canarias y cinco el Estado, lo que ha supuesto al Gobierno Canario aportar 120 millones de euros para poner en marcha la Ley de Dependencia frente a los 7 millones aportados por el Estado.
Otra Comunidad Autónoma que parece tener dificultades es Cantabria. Según el Partido Popular, desde la aprobación del Consejo Asesor de Servicios Sociales, el Ejecutivo autonómico no ha dado ningún paso para su puesta en marcha, considerando que el Gobierno cántabro no se ha tomado realmente en serio el desarrollo de la norma ya que está actuando con mucha dejadez y lentitud. De momento, en Cantabria hay unas 2.100 personas que tienen reconocido el derecho a ayudas y no las están recibiendo “por un problema de gestión”, según ha reconocido el propio Ejecutivo.
Una situación similar se repite en Aragón. Donde la mayoría de los dependientes no ha recibido las ayudas, aunque el Gobierno aragonés ha asegurado que durante este 2008 todos los grandes dependientes serán atendidos.
Éstos son sólo algunos de los ejemplos sobre las dificultades por las que la puesta en marcha de la Ley de Dependencia está atravesando en diferentes Comunidades Autónomas, pero desafortunadamente no son los únicos y parece que esto puede ser sólo el principio.
