¿Poco precavidos?

A pesar de que el número de dependientes mayores va en aumento (una de las consecuencias del envejecimiento de la población que se da tanto en nuestro país como en el resto de Europa y del ‘mundo desarrollado) y de que con la crisis van disminuyendo los servicios públicos destinados a paliar y cubrir las necesidades de los dependientes, son pocos los mayores que prevén sufrir esta situación y que hayan tomado medidas para afrontarla en el caso de que se produjese. De hecho, según el “Análisis predictivo y escenarios en la atención sociosanitaria en España: Horizonte 202”’ editado por la Universidad Europea de Madrid que han elaborado Julio Sánchez Fierro y José María Sansegundo, cuatro de cada cinco mayores de 55 años no ha tomado ninguna medida para hacer frente a una posible futura situación de dependencia y sólo una tercera parte de los actuales cuidadores de familiares dependientes se está preparando para una posible desaparición o reducción de las ayudas públicas.

El trabajo de Sánchez Fierro y Sansegundo se sustenta en una encuesta realizada a 800 individuos, cuidadores y personas mayores de 55 años. Los datos obtenidos han permitido establecer un perfil del dependiente actual y el dependiente potencial ante el “cambio cualitativo” (empeoramiento de la salud) y “cuantitativo” (aumento de personas mayores y dependientes) que se va a producir, según los expertos, a diez años vista. En este tiempo se augura que el 80,9% de dependientes estarán mal o muy mal y habrán perdido autonomía en su vida cotidiana.

Por lo que se refiere al momento actual, el estudio traza como dependiente ‘tipo’ español a una mujer (72,8%) mayor de 80 años (70%), con ingresos inferiores a 900 euros al mes (46,9%), que reside en su domicilio (90,3%), y que en la mayoría de los casos presenta problemas de movilidad (33,7%) y/o enfermedades tales como el Alzheimer (18%), problemas vasculares (18%) o artrosis (13,7%) y que es cuidada por otra mujer (67,6%) que en la mayoría de los casos es su hija o nuera (81%). Además, según refleja el estudio, el 52,1% de estos dependientes encuestados recibe algún tipo de ayuda pública y la atención domiciliaria es la que se destaca como imprescindible, de forma que a pesar de que el 61,8% de los cuidadores sostiene que en un futuro el domicilio seguirá siendo el mejor lugar para atender a su familiar dependiente y por lo tanto, demandarán servicios que así lo permitan, el 32 por ciento de los encuestados ha señalado que requerirá una residencia el día de mañana y más de la mitad, espera que sea un centro público.

A pesar de estas perspectivas de futuro, tan sólo 22 por ciento de los mayores de 55 años piensa en un posible día de mañana en el que deban afrontar una dependencia, para lo que ya están previendo, ahorrar dinero, recurrir a la ayuda familiar, contratar un seguro médico o buscar plaza de residencia. Pero llama la atención ese 75,8 por ciento no ha adoptado ni tiene previsto adoptar medida alguna.
Por su parte, poco más del 34,4% de los familiares de dependientes está adoptando medidas previsoras ante una situación de ‘escasez’ como solicitar ayudas públicas (21%), recurrir a la ayuda familiar 35,5%), o ahorrar dinero (23,9%).

Durante la presentación del estudio Sansegundo ha insistido en que “(…) la gente asume que habrá que buscar vías de financiación adicional (…) y pese a que nadie parece dispuesto a pagar más impuestos, saben que habrá que pagar algo y creen que merece la pena hacer el esfuerzo”. Ante la posibilidad de tener que pagar por los servicios a la dependencia que se reciban, Fierro ha destacado que los ciudadanos prefieren hablar de tasas (56,1%) que hablar de copago, entendiendo esta como el pago por el uso particular de un servicio público. Mientras, conceptos como subir los impuestos en general, fijar el copago de algunos servicios o excluir servicios de la cartera convencen a menos ciudadanos.

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