El recién elegido como presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pronuncia hoy en el Congreso su discurso de investidura. Con el nuevo Gobierno y los anuncios de los recortes en el gasto público que ya han comenzado en las autonomías, el futuro de la Ley de Dependencia se prevé más que oscuro. Algo más que simples augurios si tenemos en cuenta declaraciones como las de Cospedal o el propio Rajoy, quien a pesar de decir que está a favor de la ley, ha cuestionado su viabilidad financiera.
Por el momento, se estima que las ayudas de la dependencia para el 2012 que tenemos a la vuelta de la esquina, aumentarán en 900 millones con respecto al 2010, lo que se aleja bastante de la previsión hecha por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que calculaba el incremento en 2.000 millones.
En Extremadura los equipos de valoración de la dependencia han alertado de que el recorte del 83 por ciento de estos equipos previsto en los Presupuestos Generales de Extremadura para 2012 conllevaría que el desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las personas en situación de Dependencia fuera “inviable, afectando por un lado a 519 mayores que dejarían de ser atendidas en residencias, además de otras 1.263 personas discapacitadas que dejarán de recibir la atención de centros especializados y de 1.136 menores con problemas de desarrollo.
En Balears hay más de 7.500 personas dependientes que no logran que les lleguen las ayudas que ya les han sido aprobadas, además de 24.388 solicitudes en trámite.
Mientras, Madrid, una de las comunidades en las que la implantación de la Ley de Dependencia lleva más retraso, ha reducido en noviembre por segundo mes consecutivo el número de beneficiarios de la ley, alcanzando los 741.713, más de 740 personas menos que el mes anterior, según los últimos datos del Imserso. Este descenso en el número de personas atendidas se ha producido especialmente por el fallecimiento de grandes dependientes, lo que supone una mayor rebaja del coste para las administraciones, ya que estos dependientes requieren una mayor atención. Además, no se han incorporado al sistema nuevas personas que ya tenían reconocido el derecho a una prestación, ni se han producido revisiones del grado de dependencia. En definitiva, en este 2011 que ya se cierra, presenta una media mensual del incremento de atenciones tres veces menor que a la de años anteriores, lo que para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales resulta “preocupante“, ya que supone que fallecen más dependientes que los nuevos que acceden a las ayudas del sistema. Esta misma asociación también señala que en la mayoría de las comunidades autónomas se ha paralizado el desarrollo de la ley, encontrando situaciones como las de Aragón, Comunidad Valenciana, Asturias, Navarra, Extremadura y Castilla-La Mancha, en donde ni siquiera se está manteniendo la tasa de reposición.
Algo más optimistas parecen las cifras para Cantabria, cuyo Gobierno autonómico calcula que en 2012 llegará a atender a 20.000 dependientes, unas 4.000 más que en la actualidad. Para la actual directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Isabel Urrutia, el objetivo es mejorar los plazos de atención, ya que, según ha explicado, hasta ahora Cantabria ha estado “a la cabeza” en reconocimiento de grado pero “a la cola” en prestación de servicios a estas personas.
El baile de cifras es mareante, pero lo único cierto es que una vez más se cumple aquello de que ‘a perro flaco todo se le vuelven pulgas’, y que, recién cumplidos los cinco años de la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, los dependientes van a ser uno de los colectivos más perjudicados por la crisis y los recortes. Entre tanto, La Federación de Empresas de la Dependencia (FED) y los sindicatos CC.OO y UGT tienen que alcanzar antes del 31 de diciembre un acuerdo para el VI Convenio de la Dependencia, pero ambas partes se acusan mutuamente de “falta de voluntad” para alcanzarlo.
