El Tribunal Constitucional admitió ayer los recursos del Partido Popular y el Gobierno Foral de Navarra contra ocho de los artículos de la nueva Ley del Aborto que entrará en vigor dentro de tan sólo cinco días. Aunque la admisión del tramite ya era previsible, todavía no está claro si el Constitucional suspenderá o no la puesta en marcha de la Ley, ya que, aunque esto constituiría una situación sin precedentes, la aplicación de la nueva norma podría conllevar consecuencias vitales que ya no tendrían marcha atrás.
Uno de los artículos más controvertidos de la “Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo” es por el que se permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin el consentimiento paterno, aunque sí tengan que comunicárselo a sus padres o tutores. Además, se obligará a todos los médicos a formarse en la práctica de abortos y éstos podrán llevarse a cabo durante las primeras catorce semanas de gestación (en ocasiones, a esta edad ya se distingue incluso el sexo del bebé) sin la necesidad de acogerse a ningún supuesto -es decir, sin que exista ninguna causa objetiva o situación de conflicto que permita justificarlo, al menos formalmente- y, por cuestiones médicas, la Ley amplía todavía más el plazo para abortar, permitiendo que se realicen durante las 22 primeras semanas de gestación.
Paralizando esta nueva Ley, los populares y los navarros pretenden evitar, entre otras cosas, cuestiones tan vitales como que el aborto se banalice, convirtiéndose en un método anticonceptivo más; así como luchar a favor de derechos fundamentales, como a la objeción de conciencia de los médicos a la hora de practicar abortos.
Junto con la impugnación de los ocho artículos se había solicitado al Tribunal Constitucional que, antes de resolver los recursos, frenara de manera provisional la aplicación de la normativa. Como comentábamos, sería la primera vez que se paralizara puesta en marcha de una Ley Orgánica y, antes de llevar a cabo ninguna acción, los magistrados quieren conocer las posiciones de los parlamentarios y del ejecutivo, a los que han dado un plazo de tres días para llevar a cabo las alegaciones pertinentes. Se trata de una carrera contrarreloj y -si tenemos en cuenta los plazos, que no hay ningún pleno convocado para el fin de semana y que la Ley entrará en vigor el próximo lunes- es difícil, si no imposible, que el Constitucional pueda decidir sobre la suspensión cautelar antes de que termine la semana.
