Esta semana se ha presentado en Zaragoza la Asociación Nacional Pro-Defensa de la Familia (ANPRODEFA), una nueva entidad cuyo objetivo es velar y defender a las familias que, por diversas causas, se ven obligadas a separarse de sus hijos, haciéndose cargo de estos los servicios sociales. Está claro que existen casos en los que es completamente necesario retirar a los padres la tutela de sus hijos, pero también hay millones de familias que con un poco de ayuda y asesoramiento podrían permanecer unidas. Este es, precisamente, uno de los objetivos de ANPRODEFA: fomentar la unión familiar y poner todos los medios posibles para que los problemas que puedan surgir en los hogares lleguen a resolverse sin necesidad de que los menores tengan que separarse de sus progenitores. De este modo, inciden en que la familia sigue siendo el núcleo fundamental de la sociedad y que, por ello, debemos luchar para reconstruirla “estudiando minuciosamente los casos, como lo indican la ley y los protocolos” y “educando a los padres a ser padres y a los hijos a ser hijos”. Para ello, piden a la Administración que no se aplique la ley de manera arbitraria, que se piense, ante todo, en el bien de los menores y que se tenga en cuenta el entorno familiar completo (abuelos, tíos…).
Por otro lado, esta nueva entidad está especialmente preocupada por el trato que reciben los jóvenes y niños, tanto en los centros de internamiento cerrados, como en los abiertos, por lo que ha solicitado que se investiguen las posibles situaciones de maltrato físico y psíquico, y que se garantice por encima de todo el respeto y los derechos del menor. Asimismo, ANDROPEDA pide que se realicen auditorías de ingresos y gastos en los centros y casas de acogidas para justificar las inversiones en esta materia y promete trabajar para que éstas “se reporten en beneficio de las familias afectadas y no a supuestas asociaciones sin ánimo de lucro”.
Finalmente, el presidente de ANPRODEFA, José Antonio Pérez, y el vocal de la asociación, Ignacio González Bona, han mostrado su preocupación acerca de los procedimientos administrativos en materia de familia, abogando por su claridad y porque, velando por la dignidad de los afectados, se les informe con detalle de todos los pasos que deben seguir.
De este modo, la nueva asociación se ha comprometido a llevar ante el Defensor del Pueblo todos los casos que se conocen para que éste pueda elaborar un informe al respecto, convirtiéndose de este modo en interlocutores entre la administración y las familias afectadas.
