Si la Ley de Dependencia ya desde sus inicios ha venido mostrando problemas de financiación, conflictos entre las administraciones públicas y quejas de los centros residenciales, ahora todo esto se ha agudizado con la crisis económica y los ‘ajustes’ de los presupuestos del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Hace unas semanas la alarma saltaba en Cataluña cuando la Conselleria de Bienestar y Familia de la Generalitat hacía el anuncio de que dejaría de enviar a las residencias de ancianos y centros de discapacitados concertados y colaboradores la aportación mensual por el copago correspondiente a septiembre y octubre por falta de liquidez, aplazando el pago hasta finales de año. También en Castilla–La Mancha parece que se cierne la espada de Damocles de los recortes y los retrasos en los pagos, situación ante la que Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (ARTECAM) ha amenazado con devolver las plazas concertadas al Gobierno de María Dolores de Cospedal si no le paga lo adeudado, que asciende a 90 millones de euros.
Lo cierto es que la situación de muchos centros residenciales es crítica sea cual sea la comunidad en la que se encuentre, como viene denunciándose desde la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), que ha decidido convocar paros para el próximo 3 de noviembre en las residencias de toda España para protestar por los 1.268 millones de euros que les adeudan las administraciones. El anuncio se ha hecho este viernes en Valencia por medio del presidente de los empresarios, José Alberto Echevarría, quien ha explicado que estos paros, de carácter técnico, se llevarán a cabo de forma periódica hasta que las residencias reciban el dinero adeudado. Y es que, según el presidente de la FED, estos impagos están generando una “situación insostenible” para el casi millón de personas dependientes que se están atendiendo al tiempo que se hace peligrar la situación de más de 5.000 empresarios y de unos 300.000 puestos de trabajo.
Los empresarios, que consideran que son los propios gobiernos los que han provocado esta situación por su “mala gestión“, esperan contar con la colaboración económica de los familiares de los residentes en el caso de que las administraciones no hagan efectiva la actual deuda, de la que Echevarría ha explicado que son los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos son los que les deben 1.268 millones de euros, aunque la Administración General del Estado tampoco paga lo que corresponde, ya que “aporta a las comunidades autónomas el 30 por ciento” del presupuesto, a pesar de que tienen que contribuir con el 50 por ciento.
Ante esta situación, desde la FED se propone que por el momento las administraciones no otorguen ninguna prestación del grado uno mientras haya dependientes de los grados dos o tres que no reciben ninguna prestación; abrir líneas de financiación del modelo ‘confirming’ con el aval y la garantía de la Administración General del Estado; y que se pueda compensar la deuda de la administración con las empresas de la dependencia con cargo a impuestos y cotizaciones.
Entre tanto, se acaba de conocer un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales elaborado con datos del Ministerio de Economía y Hacienda correspondientes a 2009, según el cual, Baleares, Valencia, Canarias, Madrid y Murcia son las regiones españolas que menos gastan por habitante en servicios sociales y promoción social, mientras que el País Vasco es la región donde se invierte más dinero per cápita en protección social (la media española en gasto por habitante en estas materias se sitúa en 256,30 euros).
Según la asociación, con la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia el presupuesto para Servicios Sociales ha ido menguando de forma progresiva desde el año 2008 ya que, si bien hasta 2010 las partidas se mantuvieron estables, el porcentaje destinado a dependencia ha sido cada vez mayor. Así, las comunidades autónomas aportaron casi 3,4 millones de euros a la dependencia en 2010 y casi 5,5 millones de euros a otros servicios sociales. Un año antes, la dependencia se llevó 1,8 millones y el resto de políticas de promoción social sumaron 7,1 millones de euros.
