Cuando aún no se ha terminado de poner en marcha de forma plena la Ley de Dependencia, lo que se está achacando principalmente a una deficiencia en la financiación, el secretario de Presupuestos y Gastos, Luís Espadas ha avisado de que, “en principio, el gasto en materia de dependencia se va a congelar” en 2010 y que “no está proyectado que podamos incrementarlo”, contradiciendo a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien hace unos días manifestaba que Trinidad Jiménez será quien dé el impulso final a la norma.
El anuncio de Espadas forma parte de otras consideraciones recogidas en su conferencia sobre ‘El presupuesto como impulsor de políticas públicas’, dentro del seminario ‘Los nuevos retos de la intervención pública: evaluación y reformas’ de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde también ha indicado que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia, en vigor desde 2007, requiere una “reconsideración desde la perspectiva de su financiación”.
Las reacciones no se han hecho esperar y de momento, la portavoz de Política Social del PP en el Congreso, Lourdes Méndez ha manifestado su propósito de pedir la comparecencia de la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, para explicar la “confusión” existente sobre el futuro de la Ley de Dependencia. “Queremos conocer si Trinidad Jiménez está de acuerdo con esta afirmación del secretario general de Presupuestos y Gastos del Estado y si efectivamente, se llevará a cabo esta congelación, algo que consideramos inadmisible dentro de la política social que viene defendiendo Rodríguez Zapatero”.
También el viceconsejero de Bienestar Social del Principado de Asturias, Ángel González, ha mostrado su “estupefacción” ante las declaraciones del secretario de Presupuestos y Gastos del Estado, considerando que de confirmarse, supondría “un fraude a las previsiones de la propia ley”, añadiendo que “esta ley genera derechos que son exigibles ante los tribunales y no es posible parar el calendario de la ley sin que haya una modificación en el parlamento”. González también ha mostrado su preocupación por que no se “cumplan los compromisos que les obliga la propia ley sino que ahora anuncian la congelación de la financiación. Eso supone que el Gobierno de Zapatero renuncia a hacer políticas y parece que no tiene dificultades para dar dinero a los bancos y a las grandes empresas pero si en el dinero que va destinado a la gente”.
