En plena polémica, con el presupuesto recién aprobado para el 2009 y el acuerdo del Consejo Territorial de la Dependencia sobre el copago y los criterios de acreditación de calidad aún acabado de suscribir, la Ley de Dependencia ha cumplido, este domingo, dos años de su puesta en marcha. Hasta el momento de su aprobación había un vacío legal ya que las personas que no podían valerse por sí mismas, especialmente personas mayores y discapacitados, carecían del derecho a recibir la atención necesaria por parte de los poderes públicos. Con la ley también se creó el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con el que se pretende facilitar la autonomía personal a las personas dependientes y sus cuidadores (los grandes olvidados hasta ahora) a través de la dotación de recursos y prestaciones por parte del Estado.
A estas alturas el balance objetivo, en números puros y duros, se traduce en que según los datos facilitados por la Comunidades Autónomas a 1 de diciembre, hay de 422.846 personas beneficiarias de la Ley de Dependencia (sólo 256.000 están siendo atendidos), de los que 350.963 han sido reconocidos como grandes dependientes y 71.883 como dependientes severos nivel 2, los dos grados a los que actualmente ampara la ley, según se estableció en el calendario de aplicación de la misma. Estos beneficiarios son atendidos a través de servicios sociales (9.820 reciben teleasistencia, algo más de 32.000 cuentan con ayuda a domicilio y 12.270 se encuentran en centros de día/noche y 58.960 en residencias) o prestaciones económicas (13.197 perciben una prestación económica vinculada al servicio, 109.287 la reciben por cuidados familiares y 171 por asistente personal. Además, de los beneficiarios que perciben la prestación económica por cuidados familiares, 39.792 ya están dados de alta en la Seguridad Social).
En términos absolutos, es decir, en números de ciudadanos, Andalucía es la Comunidad Autónoma que más solicitudes de valoraciones para el reconocimiento de la dependencia ha recibido, seguida por Cataluña y Galicia, mientras que las Comunidades con menos solicitudes son La Rioja, Cantabria y Murcia. Teniendo en consideración la población de las distintas Comunidades, Navarra, Andalucía y La Rioja son las que cuentan con más ayudas a dependencia por habitante, frente a las de Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias, que son la que tienen menos beneficiarios por habitante. Por lo que se refiere a la ‘eficacia’ a la hora de resolver estas solicitudes se pone a la cabeza el País Vasco y Murcia, que según los datos obtenidos hasta el 2 de noviembre, han sido capaces de valorar y dictaminar el cien por cien de las solicitudes recibidas (21.641 y 16.147 respectivamente).
En cuanto al perfil tipo de los solicitantes de las ayudas hay que reseñar el hecho de que son mayoría mujeres (66%). Además, son las personas de mayor edad los que más solicitan las ayudas, de forma que los solicitantes mayores de 80 años suponen el 52,17% del total, seguidos por las personas de entre 65 y 79 años (27,82%). Estas cifras pueden llevar a pensar que la Ley de Dependencia marcha viento en popa y a toda vela, sin embargo no es así, y son muchas las trabas (políticas y económicas) a las que se está teniendo que enfrentar. Sirva un ejemplo: En la Comunidad Autónoma de Valencia apenas una de cada cuatro personas que han solicitado ayuda, recibe prestación alguna, lo que significa que de los más de 50.000 valencianos que han reclamado beneficiarse de esta ley, únicamente se le ha asignado una ayuda o prestación económica a 12.142, es decir, un 24,3% del total de solicitudes.
En 2009 el Gobierno destinará a las comunidades 1.158 millones de euros para la Ley de Dependencia (un 33% más que este año), a los que hay que añadir los 400 millones del Fondo Especial del Estado para el Estímulo de la Economía y el Empleo, aprobado recientemente por el Ejecutivo. Pero estas cifras parecen no ser suficientes y las CCAA siguen reclamando más dinero, considerando que la ley nunca se ha financiado correctamente desde el Gobierno central.
En definitiva, aún queda un largo recorrido para que la ‘maquinaria’ puesta en marcha rinda a pleno rendimiento. Presupuestos, financiación, repercusiones en el empleo (incluso en la formación de los profesionales), incorporación de los diferentes grados de dependencia, etc., son más que ‘simples flecos que recortar’ para poder decir que la Ley de Dependencia es el auténtico cuarto pilar del Estado de Bienestar. Cabe esperar que lo que hoy es para muchos una decepción ante las esperanzas creadas hace dos años, en no mucho tiempo sea una realidad.
