En la isla canaria de La Gomera, como en otros tantos lugares, la Ley de la Dependencia debe hacer frente a continuos retrasos en la tramitación y resolución de las solicitudes presentadas. En la actualidad, según ha reconocido el propio presidente del cabildo gomero, Casimiro Curbelo, el ejecutivo regional está tardando más de 20 meses en dar las resoluciones, cuando la normativa establece un plazo máximo de 6 meses, lo que según Curbelo “pone en peligro la prestación de servicios a los que el ciudadano tiene derecho y que son financiados por el Gobierno de España, pero que actualmente no se reciben”. Por este motivo, y para asegurar que las prestaciones que recoge la Ley de Dependencia lleguen a aquellos a quienes les corresponden, el Cabildo de la Gomera ha creado un servicio de reclamaciones que llevarán trabajadores sociales y técnicos insulares, y donde el Área Insular de Asuntos Sociales se encargará de recoger las demandas de los beneficiarios y trasladarlas al gobierno canario.
Según los datos aportados por el Servicio Insular de Asuntos Sociales y reconocidos por el Gobierno de Canarias, se han cursado en torno a 900 solicitudes, aunque no llegan a 200 las personas que reciben las prestaciones sociales a las que tienen derecho por Ley, a lo que hay que sumar un importante número de personas que no han cursado ninguna demanda por falta de información o por desánimo, y podría multiplicar por 4 el número de solicitantes. Como ha recordado la consejera insular de Asuntos Sociales, Ventura del Carmen Rodríguez, los solicitantes de las prestaciones de La Gomera se encuentran que o bien el Gobierno canario aún no ha valorado su situación o bien tienen valorada su situación pero están a la espera de una resolución, y otros que incluso, con sus derechos ya reconocidos, todavía no se les ha asignado el servicio.
Para la consejera, esta situación de retraso consecuencia de la “mala gestión” del Gobierno canario, responsable de la mediación, tramitación y resoluciones, y que, según su criterio, “no ha sabido estar a la altura para asegurar sus derechos a los ciudadanos”.
