Desde el principio se pretendió que la Ley de Dependencia no sólo garantizase la atención sociosanitaria a aquellas personas dependientes, sino que además, al mismo tiempo, se descargase a los familiares de esa responsabilidad, si no totalmente, sí al menos en gran parte, de forma que en la redacción de la ley, no sólo de forma implícita, sino también explícitamente, se contempla en el apartado de las prestaciones que éstas consistan en la facilitación de prestaciones de servicios como la ayuda a domicilio, residencias, etc., quedando las prestaciones económicas para casos excepcionales en los que las administraciones nos puedan facilitar estos servicios. Sin embargo, la falta de infraestructuras (en un principio) por un lado, la conveniencia de bastantes usuarios por otro (ahora acuciada por la crisis económica) ha hecho que esta excepción no confirme la regla, sino que se convierta en parte de ella.
Tanto el PP como CiU han mostrado ya su oposición a que la mitad del total de las prestaciones para los dependientes se traduzcan en ayudas económicas para los cuidados en el entorno familiar. Además, colación de esta situación, el grupo parlamentario de CiU ha presentado una moción para debatir su petición para que el Gobierno central y las comunidades autónomas primen la prestación de servicios frente a las ayudas económicas, al considerar que con ello se potenciaría la creación de empleo de calidad, estable y no deslocalizable en estos momentos de crisis económica. Así mismo, desde el grupo catalán se ha pedido que se reduzca del 7 al 4 por ciento el IVA que se aplica a los servicios de ayuda a las familias y de atención a la dependencia, ya que consideran que con esta medida también se potenciará la creación de empleo en este sector. También desde CiU se pide que se establezcan unas tarifas para la prestación de servicios acordes con los costes reales de los mismos y que se estudie la posibilidad de bonificar la contratación de servicios de ayuda a las familias para facilitar la conciliación laboral y familiar además de servir como vía de generación de empleo para la ‘reocupación’ de personas que se hallan en paro.
De momento la ministra de sanidad y asuntos sociales, Trinidad Jimenez, ha argumentado que el gran número de cuidadores no profesionales que hay en estos momentos se deben a circunstancias sociales y coyunturales, y se prevé que en el fututo esta situación se invierta ante el aumento del número de mujeres que trabajarán fuera del hogar.
También desde la patronal del sector de la dependencia se coincide en considerar que la prevalencia de las ayudas económicas frente a la prestación de servicios está provocando que el sistema desaproveche su potencial para crear empleo además de no garantizar la calidad de la asistencia a los dependientes, como se señala en el informe que, según se informa en Europa Press, ultima la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, y en el que se dice que el 65,4% de los dependientes, más de 340.000 personas, están recibiendo prestaciones económicas frente a las 260.000 que se benefician de algún servicio, lo que significa que el 80 por ciento de las personas atendidas lo están en su domicilio y la mitad de ellas, en manos de cuidadores no profesionales, una situación que puede hacer que en este 2010 cierren muchos centros residenciales.
