Cuando aún resuenan las protestas por la próxima subida del Impuesto de Actividades Económicas (IVA), el Gobierno ha decidido aprobar la aplicación de una tarifa superreducida de este impuesto (del 4 por ciento) a aquellas empresas cuya actividad sea la de prestar los servicios concertados de atención a la dependencia. Esta medida afectará a todas las empresas integradas dentro del Sistema Público de Autonomía y Atención a la Dependencia, y se aplicará en todos los servicios concertados, incluyendo las plazas residenciales, la atención domiciliaria, la teleasistencia y los centros de día o de noche, a través de plazas concertadas o mediante precios derivados de concursos administrativos.
Ésta es una medida más de las que componen el paquete de disposiciones adoptado por el Gobierno y aprobado en Consejo de Ministros para la recuperación económica (Real Decreto Ley de Medidas para el Impulso de la Recuperación Económica y el Empleo) tras el concierto con los diferentes Grupos Parlamentarios, un acuerdo que de poco parece valer a los empresarios del sector de la dependencia, como demuestran las declaraciones realizadas desde la Federación de Empresas de la Dependencia (FED) por medio de su presidente José Alberto Echevarría, que a través de Europa Press ha denunciado que es “injusto” y “no tiene sentido” que se establezca la reducción del IVA para los servicios públicos de atención a la dependencia y no para el sector privado. Esta diferencia supone que si a una persona se le concede una plaza residencial concertada, estará tributándola con IVA superreducido del 4%, mientras que si tiene que acudir con su prestación económica a una residencia privada por falta de plaza pública, el impuesto será el reducido, del 7%.
Ante esta situación Echevarría ha manifestado su intención de reunirse con los grupos parlamentarios del PNV y CiU, además de con el Grupo Popular, que ya presentó un proyecto de ley para que el IVA superreducido se aplicara en todo el sector de la Dependencia.
