Desde sus inicios, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha tenido un desarrollo cuya corrección cuando menos ha sido dudosa y desigual según autonomías, por motivos diversos. El turno de los recortes le toca una vez más a ley de dependencia y promoción de la autonomía personal. Las medidas de reducción del déficit plantean dar un golpe de muerte a una ley que ya nació débil…
Si bien es innegable que el progresivo aumento de la esperanza de vida es uno de los logros más importantes de nuestra sociedad (‘moderna’ y del ‘primer mundo’), es un hecho que supone un importante aumento de la presión sobre la economía, la viabilidad de la hacienda pública y la sociedad, y mientras los expertos internacionales calculan que, de mantenerse las políticas actuales, el gasto público derivado del envejecimiento de la población iría en aumento en la UE de aquí al año 2060, el Gobierno de España anuncia recorte tras recorte en lo que la atención a mayores y dependientes, así se desprende de su Programa Nacional de Reformas 2013.
Ya el pasado julio de 2012 la Ley de Dependencia se modificó con el propósito de simplificar el proceso de valoración de los dependientes y las prestaciones a asignar. Además se revisó la retroactividad en el pago de las prestaciones económicas, se potenció la colaboración público privada, se demoró la incorporación al sistema de las personas beneficiarias con menor grado de dependencia y se ‘racionalizaron’ las altas en la seguridad social de los cuidadores no profesionales. Todas estas medidas supusieron 599 millones de euros menos para el sistema de dependencia en 2012. Pero se prevé continuar con los recortes que se estiman en otros 1.108 millones menos en 2013 y de 571 millones de euros adicionales en 2014. Para entender la envergadura tan enorme de este recorte basta señalar que su importe, 1.108 millones, equivale a lo que ha presupuestado el Gobierno para atender a los dependientes en 2013: 1.087 millones.
Sin embargo, de este documento que el Gobierno acaba de presentar ante Bruselas, aparte del hecho mismo de la reducción del presupuesto y su repercusión en el aumento del copago de los usuarios (lo que aportan los dependientes al coste del sistema) pocas cosas se sacan más en claro, ya que las cifras no terminan de cuadrar…
Es difícil entender que en el mismo documento, con unas páginas de diferencia, primero se afirme que se pretende ahorrar 1.108 millones de Euros y después ese ahorro se reduzca a 628 Millones. Más sorprende aún que se diga que con una subida del 5% en el copago se ahorrarán 339 millones (de los 1.108 estimados), cuando en la actualidad el copago total supone 600 millones, aportando los dependientes en este momento entorno al 10%. Así pues, o a Bruselas se le inflan los datos y se le está diciendo que se va a ahorrar más de lo realmente previsto o en realidad el aumento de copago que se propone será en realidad del 50%.
A todo esto hay que sumar el recorte en las pagas, la eliminación de la seguridad social para los cuidadores familiares y haber retrasado hasta 2015 la atención a los dependientes moderados, prevista en un principio para 2012. Eso por lo que a la dependencia propiamente dicha se refiere, sin tener en cuenta el copago farmacéutico, etc.…
Asociaciones de profesionales y afectados no cesan de denunciar la situación por la que atraviesa la Ley de Dependencia. Así, desde la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), a través de su presidente, Mario García, ha asegurado que “Este ajuste es inadmisible porque mermará los derechos de cientos de miles de personas con discapacidad y mayores, que necesitan apoyos intensos para su vida diaria y su autonomía individual”. Por su parte, desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha alertado de que aplicar nuevos recortes a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia supondría “la defunción de la norma y un gran fracaso social”.
En cualquier caso habrá aún que esperar a los Reales Decretos que apruebe el Gobierno para desarrollar este documento y en qué medida las comunidades autónomas los incorporarán a su reglamentación.
