¿Está la Ley de Dependencia condenada a desaparecer? Si se miran los últimos datos, de septiembre de este año, ofrecidos por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, la cosa apunta a que así es. Según las cifras de aplicación del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), hay un importante retroceso: 4.801 beneficiarios menos que el mes anterior, 4.354 solicitudes y 7.953 dictámenes menos, 4.459 grandes dependientes y 2.298 graves dependientes menos que en los dictámenes del mes anterior, 6.1888 prestaciones y servicios menos…. Sólo 2 de las 19 comunidades autónomas presentan datos positivos, Extremadura y Galicia, que han aumentado el número de dependientes atendidos.
Desde que se pusiera en marcha en 2006 la Ley de Dependencia, nunca se había producido un retroceso generalizado como el de ahora. La explicación a este descenso se encuentra, según manifiesta la ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES en una nota que ha hecho pública, en el hecho de que ni siquiera se está manteniendo la tasa de reposición de los beneficiarios. Es decir, únicamente se está atendiendo a los dependientes que ya se encuentran en el sistema, pero no a nuevos que pudieran ocupar las vacantes que quedan por los fallecimientos. La Asociación explica que “ni siquiera se ha destinado el ahorro que eso supone para dar esa prestación o servicio a una de las 239.097 personas que se encuentran en el “limbo de la dependencia”, esto es personas a las que se les ha reconocido el derecho pero no se les ha dado ninguna prestación o servicio que le corresponde”. Y a los que pudieran venir no se les garantiza el derecho…
En cuanto al descenso del número de personas que están en la lista de espera, según la asociación, “es un espejismo ya que no han sido incluidos en el sistema sino que probablemente fallecieron en ese mes sin haber sido atendidos por el Sistema de la Dependencia”. En este sentido coincide laFederación de Empresas de la Dependencia (FED), cuyo el presidente, José Alberto Echevarría, ha afirmado que las administraciones están “amortizando plazas”, es decir, que no cubren las vacantes tras el fallecimiento de los usuarios y para ello “La forma de no cubrir la plaza a la que se han comprometido es dejar de valorar a nuevos dependientes”.
Por su parte, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad,Juan Manuel Moreno, durante el Encuentro Sectorial de Dependenciaorganizado por el Grupo SENDA, ha reconocido que el Gobierno va a tener que “aminorar los recursos públicos, tanto en el presupuesto del año 2013 como en el de 2014” tras detectar una serie de puntos débiles y deficiencias en la norma, además del hecho de que el Estado debe cumplir una serie de objetivos de déficit. Además, Moreno ha explicado que cuando llegaron al Gobierno “Las Administraciones habían gastado 2.700 millones de euros más de lo estimado; había 400.000 dependientes más de los previstos, de ellos 225.000 grandes dependientes; y la deuda a la Seguridad Social por los cuidadores en el entorno familiar ascendía a más de 1.000 millones de euros”, y que como consecuencia de todo ello en estos momentos hay más de 300.000 personas que están a la espera de recibir servicio o prestación.
