Prácticamente desde el mismo momento en el que se puso en marcha la Ley de Dependencia se ha venido cuestionando, desde diferentes estamentos e instituciones, su eficacia, su sistema de financiación y por ende su perdurabilidad, cuestiones que con la crisis han tomado aún más relieve si cabe. En esta ocasión es la firma PriceWaterhouseCoopers la que ha presentado un informe sobre la “Situación del Servicio de Atención Residencial en España”, en el que se afirma que la puesta en marcha de la Ley de Dependencia en España muestra una serie de deficiencias. Para superarlas, en el trabajo se propone la colaboración público-privada con un sistema de acreditación definido y unos estándares claros de calidad por grados y niveles de dependencia, lo que permitiría alcanzar un marco estable, transparente y sostenible.
El estudio, que también analiza la situación del sector residencial, propone implantar una colaboración público-privada más eficiente y apuesta por “establecer las tarifas de las plazas concertadas por la Administración por nivel de dependencia según el coste real de los servicios para evitar que las tarifas privadas cubran el déficit de las tarifas públicas”. Según las cifras que se aportan, el precio mensual de una plaza residencial oscilaentre los 1.928 € y los 2.187 €, lo que supone un coste medio de 70 € /día. Sin embargo, las Administraciones pagan una media de 54 € al día a los centros concertados, lo que supone 16 € diarios menos de su coste.
Hay que tener presente que en los últimos 6 años el número de plazas residenciales ha aumentado un 25%, lo que supone que a finales de 2.009 ya se superaban las 320.000 plazas, siendo 3 de cada 4 de titularidad y gestión privada, gestionando el 75% de las plazas residenciales. Pero si se tiene en cuenta que el índice de cobertura (relación entre plazas en residencias y personas mayores de 65 años) recomendado por la OMS es de 5% y que en España se sitúa en 4,1%, se concluye que aún hay demanda a satisfacer. Y es que los servicios profesionales de atención a la dependencia son un gran generador de empleo estable y no deslocalizable, por lo que el estudio recomienda la priorización de éstos según nivel de dependencia frente a cuidados familiares que no generan empleo ni retorno económico y apunta que es esencial completar el proceso de acreditación que garantice a los ciudadanos un servicio de calidad comparable en todo el territorio, y que sin duda llevará implícita una reconversión del sector.
A pesar de estos números el estudio destaca que a medida que se avanza en el calendario de implantación de la Ley de Dependencia se observa como el peso de la atención residencial disminuye en favor del cuidado familiar, una figura que la Ley prevé como excepcional y que representa casi la mitad de las prestaciones. En este aspecto, hay comunidades con más de un 80% de prestaciones en forma de cuidadores familiares. Por el contrario, comunidades como la de Madrid destacan por el reducido peso de esta prestación, frente a otras como la atención residencial que representa el 52% de las prestaciones. También se llama la atención sobre la disparidad de la aplicación de la Ley entre las diferentes Comunidades Autónomas, existiendo unos territorios más favorecidos que otros sin seguir criterios coherentes y unificados ni por población, ni por grado de dependencia, ni por tipo de prestación asignada.
En cualquier caso, los autores del estudio reconocen que “la Ley de Dependencia ha contribuido a la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, pero aún le queda mucho camino por recorrer”. Más de 1 millón de personas reciben prestación actualmente en España aunque es una cifra insuficiente dadas las necesidades de una población tan envejecida, que ya tiene más de 7 millones de mayores, un 16,9% de la población que supone que hay más personas de más de 65 años que niños de entre 0 y 14 años.
