Los constantes y habituales retrasos en la aplicación de la Ley de dependencia se están viendo agravados en muchos casos por la aplicación por parte de algunas administraciones autonómicas del silencio administrativo como fórmula para la denegación de las ayudas para la dependencia solicitadas por los ciudadanos que se consideran con derecho a las mismas, es lo que se viene llamando silencio administrativo negativo. Ahora, esta fórmula tendrá que desaparecer en la Comunidad de Madrid después de que el Tribunal Superior de Justicia haya dictado una sentencia en la que se anula el artículo 5 de la orden de la Comunidad de Madrid en la que se señala que el silencio administrativo debe entenderse como negativo Con esta decisión del TSJM, que parece que no será recurrida por el ejecutivo madrileño, se logra que cuando la Administración se demore más de 6 meses en evaluar a un dependiente, se considere, de forma automática, reconocido el derecho a recibir las ayudas estipuladas en la Ley.
Desde la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de Madrid se ha manifestado que acatarán el dictamen, aunque han puntualizado que “nunca se ha aplicado”, lo que ha sido negado por los sindicatos, que han recordado que hay 18.000 dependientes a la espera de ser reconocidos, como denuncia la responsable de política social de CCOO en Madrid, Ana González, quien también ha considerado que “el Gobierno regional tendrá que reforzar sus instrumentos de valoración para que el proceso no se alargue y no le crezca el número de dependientes”.
En cualquier caso, para la Administración madrileña, a efectos prácticos esta decisión judicial no va a suponer cambio alguno, ya que afirman que tendrán “que evaluar a cada persona que solicite la ayuda”, ya que aunque la Ley de Dependencia establece un derecho subjetivo para quienes no pueden valerse por sí mismos, es necesario establecer el grado de dependencia de los solicitantes. En este sentido, el vicepresidente de Madrid, Ignacio González, ha asegurado “nadie” en esta Comunidad se verá privado de la ayuda a la dependencia por silencio administrativo, pero ha puntualizado que antes de dar una prestación hay que analizar las condiciones del solicitante y su grado de discapacidad.
También el CERMI de Madrid (Comité Español de Representantes de Minusválidos) se ha pronunciado sobre la decisión del TSJM, indicando que esta resolución muestra que “algo se estaba haciendo mal” en la región en cuanto a la aplicación de la ley, según las declaraciones de Javier Font, presidente del CERMI, que además ha señalado que esta sentencia pone de manifiesto que en “un país donde hay 17 comunidades autónomas que van a 17 velocidades distintas es importante no soltar una ley de ámbito estatal así por las buenas para que las distintas comunidades regulen como quieran”.
