El fin de la retroactividad

Por si a alguien le parecían pocos los problemas por los que ha estado y está pasando la Ley de Dependencia desde el mismo momento de su puesta en marcha -entre otros, los retrasos que los solicitantes de las ayudas han de sufrir hasta ver reconocidos sus derechos (en el mejor de los casos que lleguen antes de alcanzar la paz eterna)- ahí va uno más: El Gobierno quiere aprobar en próximo mes de junio un decreto ley para suprimir los efectos retroactivos de las prestaciones económicas de la Ley. Cuando una persona comenzaba a cobrar una prestación económica, junto a la primera mensualidad se pagaba una cantidad equivalente al número de meses transcurridos desde su solicitud, es decir, la retroactividad.

Hasta ahora la Ley de Dependencia contempla que la retroactividad sólo se pague en dos casos: uno, cuando se trata de una prestación económica para cuidar al anciano en casa; el otro, en la llamada prestación vinculada al servicio, una cuantía que recibe el usuario para pagar, por ejemplo, una plaza en una residencia privada porque no hay públicas o concertadas disponibles que pueda asignársele “directamente”. Además, la ley establece que los atrasos se deben abonar desde el momento de la solicitud, pero no todas las comunidades autónomas lo hacen así; algunas ni siquiera pagan mientras que otras contemplan una retribución desde el momento en que se valora al solicitante de las prestaciones y en otras desde que le prescriben la ayuda. El resultado de esta situación es que los retrasos en los trámites de la Ley de Dependencia han generado una deuda de casi 700 millones de euros. De hecho, el año pasado, un 40% de todo el gasto en prestaciones económicas se fue en pagar los atrasos.

Con la nueva medida anunciada por el Gobierno, se pretende que las autonomías paguen las ayudas en los seis meses establecidos, de modo que, si no se retrasan, se ahorrarán los pagos por retroactividad. Pero cada mes que pase de los seis previstos, la deuda volverá a correr y las comunidades tendrán que pagarla. De esta forma, el ejecutivo calcula que se ahorrarán unos 624 millones en tres años, lo que permitiría atender a más de 48.000 personas. Pero el ahorro no es lo único que pretende el ejecutivo con esta disposición. También cree que con este cambio se va a desincentivar la preferencia de los ciudadanos por la prestación económica en favor de los servicios.

En cuanto a la deuda generada hasta ahora, las comunidades tendrán un plazo de hasta cinco años para abonarla a plazos, lo que beneficiará a las autonomías que hasta ahora llevan más retraso en la implantación de la ley y que peor la han gestionado como las de Madrid, Canarias, Valencia, Baleares y Cataluña, donde más esperan los ciudadanos, hasta 12 y 18 meses, en cobrar las ayudas. Lo que el gobierno propone es que las comunidades paguen una quinta parte cada año. Irónicamente esta “solución” puede acabar convirtiendo las ayudas para los beneficiarios en una herencia para sus familiares si se tiene en cuenta que más de la mitad de los dependientes son mayores de 80 años y su esperanza de vida no supera los dos o tres años más.

Las reacciones no se han hecho esperar. Así, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales considera que con este cambio se “puede agilizar el sistema porque obliga a las comunidades a resolver en seis meses o, de lo contrario, a pagar con carácter retroactivo”. No obstante, también ha asegurado que afectará a las personas que siguen a la espera de valoración “debido a la actitud de desidia de sus comunidades de residencia que incumplen los plazos de manera perversa”. En este sentido coincide con las consideraciones del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) que cree que con esta disposición se va a castigar a aquellos usuarios y beneficiarios de la prestación que “han visto dilatadas durante meses y hasta años sus solicitudes de valoración y reconocimiento de derecho”, mientras que se premiará la “incompetencia” de las administraciones autonómicas generadoras de más “bolsas de atrasos“. Por su parte, desde la Confederación Española de Asociaciones de Mayores (CEOMA), se considera “contradictorio” que la supresión de la retroactividad anunciada permita que se resuelvan los expedientes en menos de seis meses tal y como propone el Gobierno, como ha declarado a Europa Press la gerente de la Confederación.

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