Desde el principio la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia ha generado grandes expectativas como motor generador de empleo en un sector ya al alza por causa del progresivo envejecimiento de la población. De hecho, en mayor o menor medida, las diferentes administraciones han querido impulsar este movimiento no sólo desde el punto de vista de la contratación directa, sino también con la formación de nuevos profesionales.
En esta promoción de empleo a costa de la Ley de Dependencia parece destacarse la provincia de Granada en la que en dos años se ha triplicado el número de empleados como auxiliares de ayuda a domicilio, pasando de los 581 del 2007 a superar los 1.200 trabajadores directos en el recién cerrado 2009, cifra a la que se puede añadir las de los contratos a tiempo parcial y de sustitución, con lo que se alcanzan los 1.500 profesionales. Según estos datos, proporcionados por la vicepresidenta primera del Área de Bienestar y Derechos de la Ciudadanía de la Diputación de Granada, Juana María Rodríguez Masa, “está claro que los servicios de proximidad son un factor de desarrollo local”.
Pero ni la creación de 21 empresas de ayuda a domicilio y el considerable incremento de los puestos de trabajo son los únicos beneficios de la ley de dependencia para los ayuntamientos granadinos. Además de ser una “apuesta decidida por reforzar el papel de la economía social”, el Programa de Ayuda Social de la Diputación de Granada para los municipios menores de 20.000 habitantes con el que se atiende a un total de 6.618 usuarios también “responde a la demanda de los propios ciudadanos de permanecer el mayor tiempo posible en su territorio”, según ha considerado Rodríguez Masa, para la que el hecho de que los usuarios puedan ser cuidados en sus propios domicilios “mejora la calidad de sus vidas, refuerza las redes de integración social y permite la fijación de población en el ámbito rural, al tiempo que posibilita la creación de empleo estable, sobre todo, en el colectivo de la mujer, que registra las mayores tasas de desempleo”.
Esta apuesta por el empleo relacionado con la Ley de Dependencia de momento tiene un coste como es la inversión realizada por la Diputación de 15,4 millones de euros que se ha destinado a los ayuntamientos para la atención domiciliaria y que para este año está previsto dedicar sobre los 20 millones de euros. Por lo que a la forma de contratación hay que señalar que 117 municipios (el 69,2 por ciento del total) prestan el servicio de atención a domicilio de forma directa, es decir, los propios ayuntamientos contratan al personal. Otro 20,1 por ciento (34 municipios) realiza una concesión de la ayuda a cooperativas o empresas privadas, mientras que 18 localidades (10,6 por ciento) gestiona el servicio de manera directa e indirecta conjuntamente.
