Hace unos meses se presentó una edición actualizada del “Documento Sitges”, cuyo origen se remonta al año 2005. Se trata de un escrito, elaborado por la Sociedad Española de Neurología (SEN), en el que se establecen los criterios para la incapacitación de personas con demencia, redactado con el fin de preservar la dignidad y la libertad de las mismas.
Son muchas las posibles alteraciones fruto de un estado de demencia y, como es lógico, cada una de ellas ha sido estudiada a fondo por el Grupo de Neurología de la Conducta y Demencias de la SEN; apoyado en su labor por un equipo de entendidos del que han formado parte abogados, notarios, magistrados, neurólogos y especialistas en bioética, trabajo social, así como un número determinado de pacientes afectados.
La actualización del “Documento Sitges” se centra principalmente en la capacitación de un enfermo para tomar decisiones durante la evolución de una demencia; buscando que se fomenten soluciones a medida para cada caso que se presenta. Es por ello que este texto insta a que se profundice más a fondo en las circunstancias de cada paciente, analizando tanto su cuadro clínico, como su personalidad o el entorno en que desarolla su día a día. Con estas directrices los especialistas se proponen cambiar, en la medida de lo posible, las sentencias jurídicas promulgadas en estos casos, ya que el 90% de ellas incapacitan totalmente a enfermos que todavía podrían tomar por sí solos algunas decisiones, vulnerando de este modo su libertad. Para facilitar el trabajo a los jueces en esta delicada tarea, el documento les familiariza con los términos médicos y técnicos de la materia, aportando además consideraciones bioéticas, científicas y jurídicas al respecto.
Para Silvia Ventura, participante en la elaboración del “Documento Sitges” y magistrado del Juzgado de Capacidad 40 de Barcelona, otro de los grandes problemas que afectan a este tema es el desconocimiento de la población acerca de los procedimientos de incapacitación y los derechos legales; son muchas las personas que creen que la invalidez es una herramienta para conseguir una pensión o un lugar de residencia. Este tipo de confusiones poco ayudan a quienes luchan por mejorar la calidad de vida de estos pacientes y preservar intactos sus derechos; los dos principales aspectos que el documento pretende mejorar.
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