De acuerdo con la Constitución, todos los españoles tenemos derecho a comer, tener una vivienda y vestirnos. Sin embargo, la Comunidad Balear ha decidido ir un paso más allá, no sólo reconociendo estos derechos sino lo verdaderamente complicado, garantizarlos. Esta semana el pleno del Parlament ha aprobado la Ley de Servicios Sociales que establece que todo ciudadano tendrá garantizados unos mínimos de comida, ropa y techo y que, en el actual marco de crisis económica, prevé la protección de las personas que se encuentran en situación de dificultad, especialmente en lo que se refiere a los colectivos más vulnerables.
Durante 18 meses se elaborará un informe sobre los servicios sociales necesarios para garantizar estos derechos que, una vez puestos en marcha, estarán protegidos y serán deber del gobierno autonómico al mismo nivel que lo es actualmente la sanidad y la educación. Este reconocimiento legal, además, supone que desde que se aprueben los servicios sociales en cuestión cualquier ciudadano podrá reclamarlos en los Tribunales.
En el texto aprobado esta semana, concretamente, se dice que en el momento en que se haya analizado y valorado técnicamente que una persona o familia estña necesitada y tiene problemas para acceder a una alimentación suficiente, deberá ser la Administración quien deba suministrarla. De no ser así, el afectado podrá exigir en los Tribunales el cumplimiento de su derecho a no pasar hambre.
A primera vista, la Ley se presume idealista, -el PP se ha abstenido por considerar que no queda claro quién se hace cargo de estos gastos-, pero de llevarse a la práctica ¿crees que debería ser imitada en el resto del territorio nacional?
