Si hay una cuestión directamente relacionada con la dependencia, su atención y su coste, son los centros residenciales de mayores, motivo por el cual la Fundación Edad&Vida ha presentado el informe “Análisis de los costes sanitarios en centros residenciales privados para personas mayores”, realizado por la Universidad Autónoma de Madrid.
El principal objetivo de este estudio ha sido y es el de conocer el coste de atención sanitaria a personas mayores dependientes que asumen los centros residenciales privados y cuantificar la compensación de dicho coste por parte de las Administraciones Públicas. Tal y como ha señalado en la presentación de este estudio el Presidente de la Fundación Edad&Vida, Higinio Raventós, “las personas ingresadas en centros residenciales deben tener los mismos derechos que las que residen en sus domicilios particulares y, por lo tanto, la atención sanitaria que reciben debería quedar cubierta por un Módulo Sanitario, tal y como sucede en los países de nuestro entorno más cercano: Alemania, Francia o el Reino Unido.”
La realidad es que aunque en España la atención sanitaria es de carácter universal y gratuito esta atención que se presta en los centros residenciales no es necesariamente financiada por los presupuestos públicos sanitarios. De hecho, en el estudio se estima que el importe correspondiente a este ‘módulo sanitario’ es de 8,92 €/estancia/día, un coste que Edad&Vida considera que deberían asumir las Consejerías de Sanidad correspondientes, lo que supondría un incremento del 16,5% en la tarifa media concertada con la Administración. Para calcular este coste de la atención sanitaria que le supone a los centros residenciales se ha computado exclusivamente el coste del personal sanitario, lo que representa 1/3 del coste total del personal de atención directa. En vista de esto, la Fundación Edad&Vida considera que para cubrir el coste sanitario que en estos momentos están asumiendo las residencias privadas, se debería contemplar un aumento de la tarifa concertada, en el caso de las plazas concertadas y, en el caso de las plazas privadas a precio de mercado, compensar dicho coste mediante una transferencia económica que permita reducir el precio que paga el usuario.
Pero en estos centros residenciales además de atención sanitaria se proporciona también alojamiento, manutención, y atención social. Así, según es estudio, el personal de atención social y a la dependencia y el personal de rehabilitación implican 2/3 del coste total del personal de atención directa, un 65% y un 2% respectivamente. Teniendo en cuenta estas cifras habría que deducir que más de la mitad del coste total por plaza en un centro residencial privado se destina a cubrir dos necesidades: las necesidades de atención sanitaria y las de atención social y a la Dependencia.
Además, hay que tener presente que del total de plazas ocupadas el53,9% son plazas privadas y el 46,1% son plazas concertadas y el perfil de los usuarios es mayoritariamente dependiente: el 67,3% de los residentes son Grandes Dependientes y Severos, mientras que el 20,2% tienen Dependencia Moderada. Si solamente se tienen en cuenta las plazas concertadas con la Administración, hasta un 81,8% de las plazas corresponden a grandes dependientes y dependientes severos. Con estos datos en la mano, desde la Fundación Edad&Vida se han presentado la siguiente serie de recomendaciones:
- La coordinación sociosanitaria es necesaria para abordar de forma integral las necesidades de las personas en situación de dependencia y ofrecer los servicios adecuados a sus necesidades concretas.
- El desarrollo del sector de atención residencial y sociosanitario debería basarse en la colaboración público-privada.
- El módulo sanitario debería ser financiado por el presupuesto sanitario y no asumido por los centros residenciales, sean públicos o privados, y/o el usuario.
- Las Administraciones Públicas deberían replantearse las tarifas vigentes y adecuarlas a los servicios que se prestan y a la calidad de los mismos.
- Una mayor participación de los beneficiarios de las prestaciones a través del copago permitiría reducir el diferencial actual entre coste real y tarifa concertada.
- La acreditación de servicios por grado y nivel de dependencia permitiría discriminar tarifas y adecuarlas a los servicios que realmente se prestan.
- A las personas con gran dependencia y dependencia severa (grados III y II) no debería poder asignárseles la prestación económica al cuidador familiar, ya que no permite garantizar una atención adecuada a sus necesidades sociosanitarias.
- Debería aplicarse el IVA superreducido a todos los servicios de atención a la dependencia, independientemente de si son financiados con dinero público o privado.
