Este ha sido uno de los principales puntos con los que la ministra se ha estrenado ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso. Para Ana Mato con la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia “en vez de construir un pilar del bienestar social, se han construido 17 columnas distintas”, una situación que ahora quiere corregir para que “ante mismas situaciones personales de dependencia, se reciban los mismos servicios y prestaciones” Para ello se plantea unificar la asistencia a nivel nacional creando un catálogo de servicios único, unificando el baremo de valoración y estableciendo los mismos criterios para determinar la capacidad económica de los usuarios. También se pretende simplificar el procedimiento para adquirir el reconocimiento de situación de dependencia al tiempo que se desarrollarán acciones dirigidas a la “sensibilización sobre un uso responsable y solidario de los usuarios y beneficiarios”.
Además, en su intervención, la ministra ha reconocido el avance que la Ley ha supuesto en la protección social de nuestro país, aunque ha criticado que tras cinco años de funcionamiento exista “un absoluto desfase entre las previsiones tanto en número de dependientes como en financiación”, además de que las prestaciones concedidas no han generado las expectativas de creación de empleo, y de la preponderancia de las ayudas económicas, que “genera mayores costes y afecta a la calidad de la atención”. Ahora la ministra quiere introducir en los criterios de financiación de la dependencia “una ponderación que incentive la atención a través de servicios profesionales, como forma de conseguir una mejor calidad y generación de empleo”.
Ana Mato ha insistido en que estas actuaciones precisan de un acuerdo con las comunidades autónomas y los órganos competentes en todo el país acerca de los mínimos de atención garantizados para los dependientes y de la cartera básica de servicios sociales a fin de coordinar ambos aspectos. Este acuerdo, según ha dicho, llegará después al Parlamento para consensuar una ley de servicios básicos en la que quede reflejado.
