Mientras siguen los dimes y diretes sobre la viabilidad de la Ley de la Dependencia, las peticiones de unos, los recortes de los otros y en definitiva un estado de quién sabe que pasará (sobrevolando los malos augurios), Cataluña parece dispuesta a tomar las riendas y trabajar por su propio destino y ha anunciado que está preparando el anteproyecto de su propia ley de promoción de la autonomía personal. El objetivo es que se apruebe antes del 2014.
Por el momento el primer ya se ha dado con la constitución de un comité director que ya se ha puesto a trabajar para en lo que van a ser un primer esbozo que se presentará en el Parlamento catalán a principios de 2013 para que pueda ser aprobado definitivamente un año después, antes de que termine la legislatura.
Según ha explicado el consejero de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries la futura ley “tendrá un enfoque propio a la hora de priorizar la prevención y la promoción de la autonomía”, diferenciando vejez, enfermedad mental y discapacidad”. Además, el consejero catalán ha avanzado que se crearán tres organismos específicos: un comité directivo, uno de expertos y una secretaria técnica para elaborar materiales, documentos y coordinar las acciones y que uno de los puntos principales en los que se fundamentará la ley será la “transversalidad”, implicando a todas las Consejerías del Gobierno catalán, especialmente la de Salud y la de Bienestar Social, que reúnen los servicios que más utilizan los dependientes. Además Cleries ha señalado que habrá de ser una ley organizada de forma “sencilla y ágil”.
Este empujón a una ‘ley catalana de la dependencia’ se debe, según las explicaciones de Cleries, por un lado como remedio a “a la invasión de competencias que supone la actual ley española de dependencia” y, por el otro, por los “constantes incumplimientos” del Gobierno en materia de dependencia. Además, el gobierno catalán quiere dedicar más dinero a la promoción de las personas y paliar las diferencias de financiación que actualmente existen con el Estado, teniendo en cuenta el importante aumento del número de beneficiaros en esta autonomía.
