Si ya los primeros pasos de la Ley de Dependencia fueron renqueantes y no menos su evolución en estos primeros años, ahora con la crisis económica la situación se agudiza. Hace algunas semanas ya se anunciaba la moratoria hasta el año próximo –quizá ni llegue a producirse- de la incorporación de los dependientes moderados al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). A esto se debe añadir que más de 275.000 que tienen reconocida su condición de dependientes y su derecho a recibir una prestación o servicio siguen sin recibir ayuda alguna. Se encuentran en lo que ya se conoce como ‘limbo de la dependencia’.
Ante la falta de servicios suficientes para que las personas dependientes estén adecuadamente atendidas y la imposibilidad de costearlos cuando los hay, son las familias las que han de hacerse cargo de esta labor. Por norma general son las mujeres sobre las que recae esta responsabilidad, como queda reflejado en la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada hace unos días, en la que se constata que más de 200.000 mujeres han trabajado a tiempo parcial el pasado año para poder cuidar de sus familiares dependientes.
Según los últimos datos del IMSERSO, 176.529 ciudadanos sin cualificación profesional ejercen de cuidadores de sus familiares y, de ellos, 163.534 son mujeres. Y es que menos de la mitad de de las personas en situación de dependencia se encuentran actualmente en el sistema.
Continuando con los dependientes que son atendidos por sus familiares, hay 428.899 de ellos que sí reciben una prestación económica en lugar de contar con una asistencia especializada. Además, cabe señalar que la gran mayoría de los cuidadores no profesionales superan los 50 años. Concretamente, 98.344 superan esta edad y 39.292 cuidadores ‘informales’ superan los 60 años, mientras que poco más de 78.000 tienen menos de 50 años.
