Cataluña está siendo en estos días la imagen de lo que sucede o puede suceder en otras comunidades autónomas con los diferentes recortes en sus presupuestos para afrontar el déficit agravado por la crisis económica. Una de las principales partidas afectadas es la Ley de Dependencia y el pago a las residencias por las plazas concertadas.
La alarma saltó los últimos días de septiembre cuando la Conselleria de Bienestar y Familia de la Generalitat hacía el anuncio de que dejaría de enviar a las residencias de ancianos y centros de discapacitados concertados y colaboradores la aportación mensual por el copago correspondiente a septiembre y octubre por falta de liquidez, aplazando el pago hasta finales de año.
La reacción no se hizo esperar y la Mesa del Tercer Sector (formada por 30 federaciones que representan a unas 4.000 entidades sociales) alertaba de que esta situación podía suponer la quiebra de muchas entidades de Cataluña, así como poner en peligro al tejido asociativo.
Cruzados los preceptivos dimes y diretes de diferentes partes, finalmente el conseller declaraba el jueves que “octubre se pagará con normalidad y de septiembre todo el mundo contará con un mínimo del 50%“.
Entretanto la Generalitat ya está trabajando en la elaboración de la norma de acreditación de centros residenciales contemplado en la Ley de Dependencia y que, según el acuerdo estatal, debería estarse aplicando desde finales de 2009. Por el momento se cuenta con un primer documento en el que no se abordan los aspectos técnicos concretos (que se recogerán en un futuro anexo), sino que trata del procedimiento para obtener la acreditación, y la situación en la que quedan los centros que funcionan en la actualidad. Aunque el texto carece de valor jurídico y seguro que cambiará antes de su aprobación, resultan interesantes algunos aspectos como el hecho de que las residencias concertadas, colaboradoras o con acreditación transitoria se consideran automáticamente acreditadas a la entrada en vigor de la norma o el establecer un procedimiento de revocación para el caso en que un centro acreditado deje de cumplir los requisitos.
La preocupación por los recortes y retrasos en los cobros de las plazas o servicios concertados en casi todas las Administraciones Públicas que se vienen produciendo desde hace ya tiempo y que ahora pueden agravarse, es una de las principales denuncias hechas por la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), que ha decidido suspender elCongreso Internacional sobre la Calidad Asistencial Sociosanitaria, previsto para los días 20, 21 y 22 de octubre en Valencia, en vista de la actual situación de crisis e incertidumbre que se está atravesando.
