Crece el aborto en España

Las asociaciones a favor de familia y de la vida no han tardado en reaccionar ante los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad acerca del número de abortos en España. El Foro Español de la Familia (FEF), el Instituto de Política Familiar (IPF) y Derecho a Vivir (DAV) han acusado al Gobierno Socialista de “mentir” sobre los efectos que, supuestamente, iba a tener la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Según el ejecutivo de Rodriguez Zapatero esta ley estaba orientada, entre otras cosas, a reducir en número de abortos practicados en España. Irónicamente, lo sucedido es precisamente lo contrario y estas intervenciones han aumentado un 1,3 por ciento respecto al año 2009.

Según palabras de Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia, “Es una tristeza pero no es sorpresa porque era previsible que con la nueva ley del aborto se incrementasen a pesar de la reducción de la población inmigrante que se ha producido por la crisis económica” y, a la luz de estos datos, Blanco insiste en que ahora más que nunca es imprescindible derogar una ley que ni siquiera cumple su cometido.

Para el presidente del IPF, Eduardo Hertfelder, el anterior gobierno “ha intentado camuflar el número de abortos quirúrgicos desviándolos a abortos químicos y liberalizando la píldora del día después y, a pesar de ello, ha aumentado el número de abortos”, por lo que, en su opinión, “el gobierno ha estado mintiendo al decir que bajarían”. Por su parte, la portavoz de la plataforma Derecho a Vivir, Gádor Joya, ha querido destacar una de las cuestiones más alarmantes que ha sucedido tras la aplicación de la norma: el hecho de que los abortos entre las niñas de 17, 18 y 19 años sigan in crescendo con respecto a años anteriores; por lo que parece obvio que “Los sistemas de prevención no están haciendo su efecto”. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la cifra de abortos ofrecida por el Gobierno no es del todo real, ya que, entre otras cosas, en ella no se incluyen las intervenciones realizadas a menores de 16 años sin el consentimiento de padres o tutores.

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