Durante 2012 se han incorporado como nuevos beneficiarios de alguna prestación ascienden a 129.847 personas, sumando un total de 770.945 (el 77 por ciento de las personas con derecho a prestación). Además, parece haberse reducido el número de personas pendientes de recibir la prestación que les corresponde, estableciéndose una lista de espera de 230.203 personas (un 24,8 por ciento del total de los que tienen reconocido el derecho a la atención por dependencia), según datos del avance de la evaluación anual de 2012 del Sistema de Dependencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En cuanto a la financiación, las comunidades de Navarra, Andalucía, Cantabria y La Rioja fueron las que menos dinero recibieron en 2012 por la revisión a la baja de los grados de dependencia y por el estancamiento en la entrada de usuarios, mientras que el resto de las comunidades ha recibido más dinero respecto a 2011.
También se han hecho públicos los datos del Observatorio de la Dependencia (el organismo creado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios de Servicios Sociales para evaluar el cumplimiento de la Ley de la Dependencia), desde donde se denuncia el “desmantelamiento” de la ley, poniendo de manifiesto que la financiación estatal para el nivel mínimo (el que debe garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en cualquier territorio) se va distanciando cada vez más del coste efectivo de las prestaciones económicas y los servicios que las personas dependientes están recibiendo. Esto significa que el Estado destina cada vez menos dinero en Dependencia (ya sólo se hace cargo del 21% del coste) y que los gastos van siendo asumidos por las comunidades autónomas y sobre todo por los usuarios.
También desde el Observatorio se critican las ‘reformas’ impuestas por el Gobierno por Real Decreto-ley en el mes julio, que consideran que “no han hecho sino recortar derechos efectivos y rebajar la financiación de la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas”, además de “la obsesiva presión a las CC.AA. para que reduzcan el gasto público”.
Este informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (elaborado con datos oficiales, tanto del Ministerio de Sanidad como de Hacienda) afirma que en los últimos cuatro meses el incremento de personas dependientes atendidas es negativo en todos los grados de la dependencia. En este mismo documento se pone de manifiesto que se está produciendo una revisión brutal de los expedientes, adjudicándose a las personas un grado de dependencia por debajo del que obtuvieron en su día, además del hecho de que aunque en este cuatrimestre se ha reducido el número de dependientes reconocidos que se encuentran en la lista de espera para ser atendidos, aún se tardarían 11 años en atender a los que quedan, junto al hecho de que la reducción se ha logrado eliminando del sistema a 50.000 personas que estaban reconocidos como dependientes moderados y con el fallecimiento de otros muchos, ya que, como ha puesto de relieve el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, el plazo de atención a los dependientes está en una media de 1,5 años y hay que tener en cuenta que la mayoría supera los 80 años y su salud no es la normal para esa edad. Ramírez también ha señalado que el incremento de nuevos casos ha sido diez veces inferior a 2010, con sólo 18.944 nuevos beneficiarios en todo el país.
En la valoración del Observatorio, la mitad de las comunidades suspenden en cuanto a la atención a dependientes y sólo Castilla y León, Andalucía y País Vasco pasarían el aprobado. Destaca el bajón de dos comunidades, Aragón (el pasado año con un notable y este un 3,8) y Castilla-La Mancha (que pasa de ser de las mejores en años anteriores al suficiente). Increíble el caso de Canarias, donde hay más gente esperando que atendida y el “destrozo” de la ley en Valencia, mientras que cierta esperanza surge en Navarra y Galicia, que mejoran.
