¿Cómo mantener la Ley de Dependencia?

Después de tres años de su puesta en marcha, la Ley de Dependencia funciona a trompicones y no termina de encontrar su puesta a punto. Entre los diversos escollos, y tal vez el más importante, se encuentra el de su financiación, que tantos dimes y diretes ha provocado y provoca. El último hace unos días, durante la comparecencia de la ministra, Trinidad Jiménez, en el Congreso de los Diputados, donde tuvo que escuchar cómo la oposición en pleno le advertía del peligro que corre la sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia con el actual modelo de financiación.

Desde las filas del grupo popular, su portavoz, Lourdes Méndez, se ha hecho hincapié en la insuficiencia financiera, apuntando que frente a los 12.500 millones anuales que consideran necesarios, el Gobierno únicamente está destinando 1.500 millones. Esta escasez, en opinión de la popular, “está pervirtiendo la aplicación de ley”, además de provocar que se de prioridad a la concesión de ayudas económicas frente a la concesión de servicios. También los catalanes de Convergencia i Unió manifestaron su preocupación por los retrasos en el proceso de reconocimiento, valoración y asignación de servicios a los dependientes y el malestar que ello está generando en muchas familias, por lo que han pedido  “abrir un debate sobre la sostenibilidad de la ley en el medio y largo plazo” para que los diferentes agentes implicados (desde las administraciones, hasta el sector privado) “dibujen un escenario que dé ganarías y estabilidad al desarrollo de esta Ley”. Esta propuesta CiU la concretará pidiendo la creación de una Subcomisión en el Congreso que se encargue del seguimiento del desarrollo de la norma. La financiación de la Ley de Dependencia también ha sido el objetivo del PNV y de ERC.

En su réplica la ministra ha reconocido que aún hoy no se sabe cual está siendo el coste real de la aplicación de la ley, un dato que se espera conocer en los próximos meses. No obstante, Jiménez ha admitido la necesidad de un mayor esfuerzo presupuestario, al tiempo que se mostraba dispuesta a buscar nuevos instrumentos que permitan dotar a la ley de una mayor estabilidad presupuestaria.

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