Caminando hacia atrás

Según los datos oficiales se ha producido una reducción de las cuantías de las 400.000 prestaciones económicas, una dilatación de los plazos de hasta dos años y medio, más de 150.000 cuidadores familiares han dejado de cotizar a la Seguridad Social, más de 200.000 personas sufren la falta de atención por el sistema aun cuando tienen derecho al mismo y el número de personas que recibían algún tipo de servicio o prestación se ha reducido este año de 751.551 a 744.378, lo que significa 7.173 personas atendidas menos (34 bajas diarias).

Para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales estas cifras no hacen más que poner de relieve “una dinámica de destrucción paulatina del sistema“. En el comunicado que ha ofrecido, la Asociación denuncia que, después de un año desde la tercera y última reforma (julio de 2012) de las aplicadas a la Ley desde su aprobación en 2006, “no se haya producido ni una única mejora en ningún aspecto en materia de gestión”, impactando “de manera más cruel en las personas en situación de dependencia“.

En el documento facilitado la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales se hace especial hincapié también en lo que consideran la manera más cruel de reducir la lista de espera para acceder a una ayuda por dependencia: eliminando personas acreedoras al derecho a ser atendidos. Para estos profesionales del sector de los servicios sociales esto se ha realizado con una doble estrategia: “por un lado impedir que nuevos dependientes accedan al sistema –modificaciones del calendario primero por el RD-Ley 20/2011 y posteriormente por el RD-Ley 20/2012 que retrasa la entrada de personas dependientes con Grado I hasta julio de 2015–, y por otro lado, y esto es lo más doloroso, abandonando a su suerte a los cientos de miles de personas que tenían dependencia severa o gran dependencia y que están falleciendo sin ser atendidos”. Desde la Asociación se insiste en que “Se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que den un menor grado de dependencia y por tanto reducir el coste” y que “todo indica que decenas de miles de personas con derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo mueran sin ser atendidas”.

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