Los cambios en el Gobierno han traído novedades que afectan al desarrollo de la Ley de Dependencia, que pasa a ser competencia del Ministerio de Sanidad. Durante la toma de posesión, la nueva titular de esta cartera, Trinidad Jimenez señalaba como uno de sus principales y primeros objetivos acelerar la Ley de Dependencia.
Para alcanzar este propósito, Jiménez, que asumirá las competencias en los asuntos de política social de los que antes se ocupaba la desaparecida Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, ya ha anunciado que va a convocar “con la mayor brevedad posible” a los Consejos Territoriales en Sanidad y en Políticas Sociales y que se sentará a dialogar con todas las Comunidades Autónomas, sean del partido que sean porque “hay que satisfacer las necesidades de los ciudadanos y aquí no puede haber diferencias”. De momento, la ministra ha asegurado que la Ley de Dependencia, al igual que otras parcelas del área social, no se podrá ver afectada “por ningún recorte” económico, y que no faltarán recursos “por muy complicada que sea la coyuntura económica” en la dependencia, “que es uno de los tesoros más preciados del Gobierno, aunque tenemos que buscar más apoyo de las autonomías”.
Algunos ya han manifestado su escepticismo respecto a Trinidad Jiménez por su falta de experiencia en lo sanitario, circunstancia que otros consideran compensada con su cercanía con lo social. Lo cierto es que Trinidad Jiménez va a tener que torear con un morlaco como el de la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que en sus tres años de vida ha pasado por las manos de dos ministros sin resultados satisfactorios. Problemas de financiación y enfrentamiento con y entre las comunidades autónomas (la ley se ha aplicado muy irregularmente según las diferentes comunidades, traicionando el principio básico de equidad) están produciendo que lo que Zapatero calificó en su día de “hito histórico” y “gran proyecto social de los próximos años”, esté siendo para muchos fuente de frustraciones y desengaños alimentados por esperas prolongadas, interminables retrasos, irrisorias compensaciones y ayudas, amén de las incompatibilidades entre las ayudas ofrecidas por la Ley de Dependencia y otras aportaciones de las autonomías y los ayuntamientos.
Como dice aquel, ahora sólo queda esperar. De momento, según los últimos datos del Instituto Nacional de Servicios Sociales (IMSERSO), un total de 124.635 personas en España esperan un dictamen para saber si tienen derecho a alguna prestación de la Ley de Dependencia.
