Los recortes no dejan de sucederse, y la Ley de Dependencia se está viendo especialmente afectada. Sin embargo desde diferentes frentes se sigue tratando de contrarrestar algunas de las medidas más duras para tratar de que la Ley de Dependencia no termine desapareciendo. Entre los más activos de encuentra la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, que considera que la actuación del actual Gobierno supone una “demolición controlada” de la Ley mediante su modificación “a través de reales decretos”. Desde la Asociación se recuerda que los fondos destinados a la atención de dependientes se han reducido casi 1.000 millones de euros a través de diversas decisiones como el recorte del nivel convenido, la retroactividad o el recorte de un 15 por ciento a los cuidadores familiares, así como al no pagar la seguridad social de esos cuidadores y al retrasar dos años la atención de estas personas en situación de dependencia.
Medidas más activas si caben son las adoptadas por la Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS-Andalucía), que ha denunciado a la Junta de Andalucía ante la Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia por los retrasos en los pagos como al impedir que en el curso 2012/2013 se hayan creado nuevas plazas en centros de día, ya que consideran que con ello se vulnera la Ley de Dependencia.
También en la Comunidad Valenciana las Plataformas en Defensa de la Ley 39/2006, de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, anunciaron el viernes movilizaciones y acciones “más contundentes” ante los “incumplimientos” en los pagos anunciados por la Generalitat Valenciana, ya que aseguran que no se les ha destinado la parte del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que se les había comprometido, y cifra la deuda que mantiene la Generalitat con ellos en tres meses.
Estas actuaciones son sólo algunas de las protestas y manifestaciones que se producen para luchar por mantener en vigor una Ley que otorgó a la ciudadanía un nuevo derecho universal, subjetivo y perfecto que ahora se ha convertido en efímero, lo que podría llegar a suponer que, por ejemplo . como señala la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, que “decenas de miles de dependientes”mueran sin ninguna atención, si se tiene en cuenta que un 54% de las personas dependientes son mayores de 80 años y la esperanza de vida de un dependiente de más de 80 años no supera los cuatro o cinco años de vida, lo que significa que, más de la mitad de los 239.000 dependientes que hay, morirán sin haber recibido ninguna atención.
