Uno de los servicios al dependiente que más se ha desarrollado en los últimos tiempos (en parte derivado de la Ley de dependencia) son los servicios de ayuda a domicilio, que se ha convertido en una auténtica máquina generadora de empleo. Sin embargo esta situación puede cambiar si no se produce un ‘ajuste’ en la aplicación de la Ley de Dependencia por lo que a la formación y acreditación de estos profesionales se refiere y que será imprescindible para trabajar en el sector a partir del 2015. En la actualidad, si se posee el Título Oficial de Formación Profesional de Técnico en Atención Sociosanitaria o de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería ya se está acreditado para trabajar en cualquiera de las dos ocupaciones. Si no es así, se deberá obtener la certificación correspondiente.
Valga como ejemplo el caso de la Comunidad de Castilla y León, donde los sindicatos de CCOO y UGT vienen solicitando que la Junta ponga en funcionamiento el sistema de cualificación de manera inmediata para salvaguardar el trabajo que vienen llevando a cabo los 5.000 trabajadores dedicados a la ayuda a domicilio y que pueden ver peligrar sus puestos, ya que según la nueva normativa para obtener el certificado de profesionalidad de nivel 2 es necesaria una formación de 600 horas, para cuyo acceso es obligatorio contar con un título de ESO o equivalente. Sin embargo, la mayoría de los auxiliares de atención a domicilio actualmente en servicio en este sector han obtenido su carné profesional tras 315 horas de formación (acordadas en el 2002 en el pacto entre agentes sociales y la Administración regional).
La solución a esta situación es activar el sistema de acreditación de la experiencia y la formación informal, ya que permitiría a estos empleados obtener el certificado correspondiente para seguir ejerciendo su profesión sin tener que iniciar la formación completa a partir de ahora. La propuesta de los sindicatos contempla una formación complementaria de 90 horas para aquellos trabajadores del sector que cuenten con el carné profesional y un mínimo de tres años de experiencia para obtener directamente el nuevo certificado de profesionalidad. De esta forma, según UGT y CCOO se lograría un doble objetivo: evitar la pérdida de empleo de los actuales trabajadores y cumplir estrictamente con las obligaciones legales.
