Cinco años lleva en marcha la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, y aún sigue funcionando como aquel que dice a trancas y barrancas, de forma desigual si se tiene en cuenta la autonomía en la que nos centremos, y con un problema generalizado de financiación que ha llevado a que el nuevo Gobierno haya decidido retrasar la incorporación de los dependientes moderados (Grado I, niveles 2 y 1), recogido en el Real Decreto ley de 30 de diciembre de 2011, al Sistema Nacional de Dependencia (SAAD), entre otros recortes que mantienen a la espera de recibir una prestación o servicio a 315.244 personas. Ante esta situación una de las medidas que parece necesaria y en la que coinciden diferentes sectores es en lograr la coordinación de la atención socio-sanitaria.
Desde el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) se ha planteado al Parlamento y al Gobierno que se incluya el dispositivo de protección social de la Ley de Dependencia en el marco del sistema de la Seguridad Social en lugar del actual de la asistencia social, mucho más débil y difuso. En opinión del Comité, la inclusión del SAAD en el sistema de la Seguridad Social como una prestación más garantizaría su sostenibilidad económica a largo plazo además de lograr armonizar las respuestas sociales públicas y las situaciones de necesidad de la población.
Sin una propuesta tan concreta como el CERMI, también el Partido Popular apuesta por incorporar una perspectiva socio-sanitaria que dé respuesta de manera “coordinada” a las necesidades reales de los beneficiarios de la Leyde Dependencia, aunque su proyecto es el de una cartera básica de servicios, común para todas las personas dependientes.
