En vista de cómo están las cosas con esto de la crisis, las restricciones en la Ley de Dependencia, su reforma, la ‘congelación de las pensiones y la modificación de la Ley de la Seguridad Social por lo que a las condiciones para la jubilación se refiere, el futuro de los mayores del mañana aparece con bastantes nubarrones que no parece que se vayan a dispersar con los ‘simples’ ahorros para la vejez. De ahí que las compañías aseguradoras anden dándole a la cabeza para ofrecer un producto que cubra estas carencias y necesidades en el futuro como los seguros de dependencia que garantizan una renta, capital o prestación de un servicio cuando el asegurado se encuentre en situación de dependencia.
No se han cumplido los objetivos del Plan Gerontológico De Asistencia de asistir a un 11,8% de las personas mayores que vivan solas, siendo en realidad el nivel de uso actual del 5%. Además, la oferta residencial es principalmente privada, aproximadamente el 80% de residencias. A esto se debe añadir el hecho de que la existencia de otros servicios y prestaciones complementarias, gestionados principalmente por las Comunidades Autónomas, tales como prestaciones no monetarias dirigidas a familiares, prestaciones económicas para familias con escasos recursos, bonos residencia, ayudas económicas a cuidadores, son soluciones que no son de carácter universal ya que al ser ofrecidas según decisión de cada Comunidad, generan un sistema de inequidad a lo largo del territorio nacional. Ante esta situación una solución (desde luego no la única) pueden se los seguros privados, un ámbito en el que España no hay precisamente una amplia experiencia, por lo que se vienen dando múltiples debates y proyectos, a la espera de lo que el Legislador prevea en esta materia.
Una prueba del debate que se está suscitando entre los expertos aparece en la web dependencia.publicacionmedica.com, que en el número de 30 de octubre ofrece las opiniones de Juan Sitges, director de la Fundación Caser para la Dependencia; César Antón, director general del Imserso; Francisco Juan, director general de DKV Seguros; José María Martín Gavín, director general de Previsión Sanitaria Nacional (PSN), y Albert Vergés, director general de la Fundación Edad&Vida, quien precisamente manifiesta que “Las dos apuestas básicas serían reforzar la colaboración pública-privada en este sector para huir de la inestabilidad y trabajar en la sostenibilidad, y para ello se requieren marcos claros y definidos para que los diferentes agentes implicados actúen..”
Hay que ser conscientes de que el seguro privado no está en condiciones de plantear un sistema de protección social de la dependencia, sino que su capacidad e interés han de centrarse en contribuir a la protección de determinados segmentos de población. De este modo lo que se debe hacer es dirigirse hacia un sistema en el que el sector privado se desarrolle reestructurando y complementando en lo posible las soluciones aportadas por el Estado.
