En Alicante, hartos de las complicaciones y retrasos en la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, han decidido reclamar sus derechos por la vía judicial, de modo que la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Alicante ha llegado a un acuerdo con el Colegio de Abogados de la capital por el que se ofrecerá asesoramiento gratuito, a través de un turno de oficio, a los dependientes y sus familiares que estén esperando a ser valorados o que se encuentren a expensas de que se les asigne las prestaciones correspondientes.
Además de asesoramiento, el Colegio de Abogados proporcionará representación en los casos en los que se decidan a iniciar un recurso contra la Administración por la vía contencioso-administrativo para reclamar los derechos proporcionados por la Ley de Dependencia. Sin embargo, hay que resaltar que el principal de los objetivos que se persigue con este acuerdo es el de asesorar legalmente a las familias a las que se les haya denegado la ayuda en su reclamación ante la administración, antes de que acudan a la vía judicial.
De momento, un total de 40 letrados, especializados tanto en materia de contencioso como en laboral, a los que el Colegio de Abogados de Alicante les ha impartido un curso especializado en discapacidad y la nueva normativa, dada la complejidad de la ley, se han sumado a esta iniciativa, cuyos gastos corren a cargo del propio colegio.
No hay que olvidar que el ciudadano tiene la posibilidad de presentar un recurso ante la Conselleria de Bienestar Social si se le deniegan las ayudas pertinentes, tanto si es de forma expresa como por silencio administrativo. Si bien pueden acudir a la vía judicial, la sobrecarga económica que sufren las familias por la atención a grandes dependientes les impide en muchas ocasiones el poder acceder a la asistencia jurídica privada, por ello, los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Alicante han comenzado a recibir las primeras demandas por la Ley de Dependencia por parte de ciudadanos que han agotado todas las opciones en sus recursos frente a la Generalitat. Y aunque acudir a esta última vía no significa que se agilice la resolución de los problemas debido al colapso de los juzgados, esta iniciativa supone un apoyo más a estas personas y sus familias.
