A la hora de ir de compras o de pagar aquellos arreglos domésticos que tenemos de cuando en cuando, siempre hay quien prefiere tirar de tarjeta de crédito y quien sacar la billetera. Pues estos últimos sepan que la cosa se les complica con las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno de Rajoy incluidas en el Proyecto de Ley de Lucha Contra el Fraude Fiscal por la que el pago en efectivo de un artículo o un servicio, cuando haya un profesional o un empresario interviniendo en la transacción, se limitará a 2.500 euros (15.000 euros cuando el pagador sea un particular no residente) y que el incumplimiento de la norma conllevará sanciones (para ambas partes) de hasta el 25% del importe de la factura. Es decir, únicamente entre particulares se podrán hacer pagos en metálico superiores a estos 2.500 euros. Esto supone que si cualquiera de nosotros tenemos que pagar unas vacaciones, una pequeña reforma de nuestra casa o la factura por la reparación de nuestro coche, etc. y el coste supera la cifra indicada, deberemos pagar por medios electrónicos: tarjeta de crédito o débito o transferencia bancaria, lo que evidentemente va a beneficiar a las entidades bancarias, al ver incrementado su número de clientes abocados a utilizar sus servicios, u quien sabe si la circunstancia no será aprovechada por bancos y cajas para subir el importe de las comisiones que aplican. En ningún caso se podrá fraccionar el pago para así hacerlo en metálico.
En el caso de que se tenga conocimiento de que se incumple esta limitación, se deberá denunciar, aunque si quien lo notifica es una de las propias partes implicadas y lo hace en los tres meses siguientes a la fecha del pago, Hacienda le perdonará la sanción.
El propósito de esta medida es asestar un golpe a la economía sumergida, tratando de que las operaciones comerciales dejen siempre un rastro que dificulte la utilización de dinero negro y obstaculizando además la utilización de facturas falsas, Todo ello como parte de la lucha contra el fraude fiscal. Países de nuestro entorno como Francia o Italia tienen establecida esta misma limitación para el pago en efectivo, aunque éste es de 3.000 euros y 1.000 euros, respectivamente.
Pero estas no son las únicas medidas que el Gobierno ha preparado para hacer emerger el dinero generado por la economía sumergida y el fraude fiscal También se estará obligado a informar sobre cuentas y valores que estén en el extranjero y se declara la «imprescriptibilidad» de las rentas no declaradas, que serán imputadas al último periodo impositivo de los no prescritos. Quienes no cumplan con esta declaración, se estipula una multa de una multa mínima de 10.000 euros a los que se sumarán 5.000 euros por cada dato que se descubra que no ha sido comunicado por el contribuyente.
Ahora estas medidas son parte de un proyecto de Ley, que tras haber sido aprobado por el Consejo de Ministros ahora deberá pasar por la tramitación parlamentaria, que se ha solicitado sea por procedimiento de urgencia.
