Está demostrado -y así lo dicen las cifras- que en los colegios concertados de educación diferenciada el índice de fracaso escolar está unos 20 puntos más bajo que en los colegios mixtos del mismo tipo. Sin embargo, con la aplicación de la Ley Integral para la igualdad de Trato de Leire Pajín, todos los colegios concertados que separan a chicos y chicas en las aulas perderán sus subvenciones. Esto supondrá unos 300 millones de euros en pérdidas anuales para las familias afectadas, que son muchas; porque aunque ciertos colectivos se empeñen en terminar con este tipo de educación, lo cierto es que sigue siendo muy demandada, tanto es así que el 95% de los centros de este tipo no pueden asumir el número de inscripciones que se solicitan.
Existen muchos puntos de vista para analizar las ventajas y desventajas de la separación escolar por sexos y, siendo así, parece lógico que lo deseable fuera que existieran centros de todos los tipos, consiguiendo así que nuestro país tuviese una oferta educativa rica y diversa, en la que cada padre y cada alumno encontraran una opción adecuada a sus necesidades. De hecho, la educación diferenciada con fondos públicos se da como opción en casi todos los países democráticos y La Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de la Unesco (artículo 2) reconoce expresamente que la educación diferenciada no es discriminatoria.
Por otra parte, y puestos a rizar el rizo con ironía, como comenta Jesús Martínez, en un artículo de Forum Libertas, esta Ley “es en sí “discriminatoria” porque retirará los conciertos a los colegios de educación diferenciada “perjudicando” así a unos padres frente a otros”. Otra de las consecuencias de esta medida es que provocará que los centros de educación diferenciada se conviertan el algo elitista, sólo al alcance de unos pocos; ya que la Ministra en ningún caso pretende terminar totalmente con la educación diferenciada para no vulnerar “el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación religiosa ni moral conforme a sus convicciones y en ningún caso vulnera la libertad de educación”.
