Hace unos días el Parlamento Europeo aprobó un informe en el que recomienda retrasar la edad de jubilación sobre una base voluntaria. Según los datos de este informe, el alarmante envejecimiento de la población de la Unión Europea lleva irrevocablemente a que aumente el gasto público de los países miembro, concretamente las partidas destinadas a las pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración.
Asimismo, la UE anima a que se incentive el empleo, no solo entre los mayores, a los que recomienda que se aliente a continuar en su empleo, sobre una base voluntaria y mientras las circunstancias lo permitan, hasta alcanzar dicha edad e incluso más allá de la misma; entre las mujeres y los discapacitados. La población activa de Europa, a pesar de la inmigración, está a niveles muy bajos y la situación tiene visos de seguir empeorando.
Por otra parte, en España ya se puso en macha en enero de este año una ley que incentiva a los trabajadores a prolongar su vida laboral más allá de los 65 años de forma voluntaria hasta una edad máxima de 70 años a través de un aumento en su jubilación del 3% anual hasta un tope del 15%. De esta manera, si se podría mantener nuestro sistema de pensiones, al menos, a corto-medio plazo.
Sin embargo, en medio de este panorama está el tercero en discordia, la crisis económica, que dificulta aún más el mantenimiento del gasto público y el empleo a cualquier edad. Más aún, algunas empresas españolas empiezan a alentar las prejubilaciones entre sus trabajadores de 48 años. ¿Cuál es, entonces, la solución?
