El pasado 28 de noviembre el Parlamento Europeo votó a favor del “Informe Berlinger”, un documento que versa sobre los aspectos de Derecho civil, mercantil, de familia e internacional privado del plan de acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo. El texto incide sobre la importancia de asegurar el reconocimiento mutuo de los documentos oficiales publicados por las administraciones nacionales y el de los efectos de los actos del registro civil. Además, pide mayores esfuerzos para garantizar la libre circulación y el acceso a prestaciones sociales, así como el derecho al voto en las elecciones municipales.
Lo que se ha venido a llamar “armonización transfronteriza”, y que es precisamente a lo que aspira el recién aprobado documento, tiene ciertas consecuencias que vale la pena analizar. Cuando se normalice, “los Estados miembros de la Unión Europea estarán obligados a reconocer las uniones del mismo sexo al mismo nivel que el matrimonio, aunque no exista tal reconocimiento en el respectivo sistema legal del país”, como bien ha analizado Dignity Wach. Por otra parte, no debemos olvidar, que algo así debilitaría la soberanía de los estados miembros en materia de leyes de familia, violando uno de los pilares básicos sobre los que se asienta la Unión Europea: el principio de subsidiariedad.
Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding ha destacado la necesidad de concordar las legislaciones de los veintisiete en lo relativo al derecho civil y de familia, para mayor comodidad de todos los ciudadanos europeos; trabajando así en pos de “hacer del derecho de libre circulación algo tangible”, según palabras de la propia Reding.
En este mismo informe se trata también de las adopciones internacionales y de los vientres de alquiler, buscando, una vez más, armonizar legislaciones, esta vez para garantizar el bienestar de los pequeños y frenar, en la medida de lo posible, la explotación de mujeres.
