El estancamiento en el mercado de la vivienda es uno de los principales escollos con los que se encuentra nuestra economía para comenzar su recuperación. Por ello, el pasado 25 de junio el Congreso de los Diputados aprobaba el Proyecto de Ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios. Aunque aún quedan trámites para ser definitivamente aprobada, destaca entre todas las medidas de protección de los propietarios con el fin de fomentar el alquiler.
De acuerdo con el artículo segundo del texto de la Ley, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado 6 de julio, en el que se modifican diversos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC 1/2000) con el propósito de mejorar y agilizar los procesos de desahucio, salvaguardando en todo caso los derechos y garantías que protegen al inquilino de buena fe, se introduce la posibilidad del desahucio exprés en un máximo de 15 días tras la sentencia, la posibilidad de tramitarlo en juicio verbal reduciendo y simplificando los trámites y el reconocimiento del derecho del casero de recuperar la casa para sus familiares, como ha informado el diario El Economista.
En cuanto al inquilino que cumple con sus obligaciones contractuales, también se busca aumentar su protección a través de una disposición adicional en el texto del Proyecto en el que se establecen ayudas a inquilinos con alta vulnerabilidad social. Concretamente, se contempla “en las ayudas estatales para facilitar el acceso a la vivienda y su disfrute efectivo se prestará especial atención a las circunstancias de los inquilinos que se encuentren en situación de baja capacidad económica y alta vulnerabilidad social”.
De acuerdo con el artículo segundo del texto de la Ley, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado 6 de julio, en el que se modifican diversos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC 1/2000) con el propósito de mejorar y agilizar los procesos de desahucio, salvaguardando en todo caso los derechos y garantías que protegen al inquilino de buena fe, se introduce la posibilidad del desahucio exprés en un máximo de 15 días tras la sentencia, la posibilidad de tramitarlo en juicio verbal reduciendo y simplificando los trámites y el reconocimiento del derecho del casero de recuperar la casa para sus familiares, como ha informado el diario El Economista.
En cuanto al inquilino que cumple con sus obligaciones contractuales, también se busca aumentar su protección a través de una disposición adicional en el texto del Proyecto en el que se establecen ayudas a inquilinos con alta vulnerabilidad social. Concretamente, se contempla “en las ayudas estatales para facilitar el acceso a la vivienda y su disfrute efectivo se prestará especial atención a las circunstancias de los inquilinos que se encuentren en situación de baja capacidad económica y alta vulnerabilidad social”.
