Tras el último Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha confirmado que el Gobierno no va a aprobar la compensación a los pensionistas por la desviación del IPC, que en el mes de noviembre se ha situado en el 2,9%. Sin embargo el ejecutivo sí dará el visto bueno a la subida del 2%, a partir del próximo mes de enero, de las pensiones que no superen los 1.000 eurosfrente al 1% del resto de pensionistas. Por su parte, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha apuntado que el 70% de los jubilados (unos 6,6 millones de personas) serán lo que vean como suben sus prestaciones un 2%, algo menosque lo que le hubiera correspondido si se hubieran revalorizado las pensiones para compensar la inflación.Esto significa que no se cumplirá la ley de la Seguridad Social, que en su artículo 48 establece que las pensiones deben ser revalorizadas si la inflación del mes de noviembre supera la subida aplicada ese año.
Desde el Gobierno se ha explicado la decisión argumentando que ha puesto por delante el objetivo de reducción el déficit público. Y es que de haberse producido la actualización de las pensiones en función de la subida del IPC, habría supuesto para el Estado un coste de 3.800 millones, unos números que no cuadran con la situación de crisis del país y el proceso de consolidación fiscal en el que está inmerso el Ejecutivo.
Además, el Gobierno ha aprobado un decreto ley que le va a permitir modificar la ley del fondo de reserva de la Seguridad Social. Con esta medida se pretende suspender los límites establecidos por la Ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida ‘hucha’ de las pensiones, y así hacer frente a los cerca de 4.000 millones de euros necesarios para pagar las pensiones de diciembre y la extra de Navidad.
Entre tanto, desde el sindicato de Comisiones Obreras se va intentar llevar esta decisión del Gobierno ante el Tribunal Constitucional, a través de la Defensora del Pueblo, al considerar que la no actualización de las pensiones es una medida que afecta retroactivamente a un derecho individual, lo que iría contra el artículo 9 de la Constitución.
