Ya a finales de noviembre de 2012 el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de Medidas de Consolidación y Garantía del Sistema de la Seguridad Social en el que se recogía la no actualización de las pensiones con la desviación del IPC del mes de noviembre. Este concepto va camino de ser definitivo si el Gobierno sigue (como es previsible) las consignas recogidas en el informe elaborado por el ‘comité de sabios’ designado por el propio Ejecutivo para que realizase el diseño del factor de sostenibilidad de las pensiones.
Transcurrido más de un mes de trabajo, el comité constituido por 12 académicos ha entregado el pasado viernes a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, su documento con las propuestas para introducir en el sistema público de pensiones el denominado factor de sostenibilidad y que ha salido adelante con diez votos a favor, uno en contra y una abstención. El informe propone dos fórmulas que se traducen en prestaciones de menor cuantía. Por un lado los expertos abogan porque las pensiones dejen de revalorizarse anualmente con el IPC de noviembre y que para la revisión de las pensiones se tenga en cuenta los ingresos y los gastos del sistema, tanto en el ejercicio vigente como en varios anteriores como en posteriores, según las previsiones. El resultado de esta fórmula en situaciones como la actual puede dar como resultado incluso recortes sobre la pensión y no solo la congelación.
El segundo mecanismo de ajuste propuesto por el comité es que a la hora de establecer la cuantía de las jubilaciones en el momento de retirarse se tenga en cuenta la esperanza de vida. El resultado más previsible es, de nuevo, una merma de las pensiones futuras que afectará tanto a los pensionistas futuros como a los actuales, y con ello una pérdida de su poder adquisitivo y un consiguiente aumento del riesgo de su exclusión social, ya que el 27,75% de los pensionistas necesitan cobrar los llamados complementos a mínimos para alcanzar la cuantía de la pensión mínima, que por otro lado alcanza importes muy bajos.
Una vez que el Gobierno reciba el informe de los expertos deberá remitirlo a la comisión parlamentaria donde se negocian las reformas de pensiones, el llamado Pacto de Toledo, además de abrir conversaciones con los agentes sociales (empresarios y sindicatos). La intención del Gobierno es que este proceso se desarrolle en los meses de julio y agosto para que en septiembre todo esté ya listo para la entrada en vigor de la reforma, siguiendo la recomendación del comité de expertos de una aplicación lo más temprana que sea posible y prudente, dentro del periodo 2014-2019.
