Tanto los defensores del pueblo autonómicos como la Defensora del Pueblo de España ya incluyen en sus agendas a los mayores, su situación, la atención que reciben y cuestiones del ámbito social, económico y sanitario que les atañan directamente como la Ley de Dependencia. Así ha quedado patente durante las XXVI Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, a las que también han asistido representantes de los principales colectivos de mayores además de expertos y representantes de las administraciones, entre otros.
Han sido diversas las cuestiones abordadas y las conclusiones obtenidas, aunque pueden quedar englobadas en la idea de la necesidad de velar por los derechos de los mayores, especialmente vulnerables en tiempos de crisis como el actual. En este sentido se ha puesto de manifiesto la necesidadde que los poderes públicos atiendan el mandato de garantía de la suficiencia económica, teniendo en cuenta los datos de la OCDE en los que se reflejan que un 25 por ciento de los españoles mayores de 65 años se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Además de la cuestión directamente económica, hay que tener en cuenta la necesidad de complementar el nivel básico asistencial establecido por el Estado con una asistencia social adecuada, que en estos momentos dependen de los servicios sociales autonómicos.
En relación a la calidad de vida de lo mayores, los expertos han tratado las limitaciones en el transporte y la inadecuación de muchas viviendas, bien por su tamaño, bien por la existencia de barreras arquitectónicas, que llegan incluso a imposibilitar la salida de los mayores por ausencia de ascensores, cuestiones recurrentes que precisan de la intervención de las administraciones.
Especial atención ha merecido la Ley de dependencia, de la que se ha realizado una valoración, considerándose que su aplicación ha provocado la saturación de unos servicios sociales autonómicos, de forma que se está privando de su disfrute a mayores que no tienen la condición de dependientes y que antes si eran atendidos. Además, se estima que esta normativa se está desarrollando insuficientemente por parte de las comunidades autónomas, ya que en muchas de ellas ni tan siquiera se han aprobado los decretos que regulan el procedimiento de reconocimiento de la prestación, copago, retroactividad o expedientes de fallecimiento. Éste es uno de los motivos que ha llevado a los reunidos en las jornadas a establecer la necesidad de la intervención armonizadora de un Consejo Interterritorial del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, además de alcanzar la coordinación de la red de recursos asistenciales de las diferentes comunidades autónomas, de forma que permita el traspaso territorial en casos en los que un mayor tenga familiares en una comunidad distinta. Todo ello deberá ir acompañado de la potenciación de los recursos geriátricos y gerontológicos existentes en el sistema sanitario y en los servicios sociales.
La misma idea de coordinación se ha establecido para los sistemas de atención social y sanitaria, proponiéndose la creación de mapas sociosanitarios que superen la tradicional separación entre zonas sanitarias y áreas sociales y garanticen la continuidad entre ambos sistemas, la realización de valoraciones geriátricas integrales, la conexión entre los servicios especializados y la atención primaria y la homogenización de contenidos de la historia clínica integrada.
En España hay tres millones de mayores dependientes, y otros cinco millones de personas mayores plenamente activas, aunque en muchos casos han de enfrentarse a problemas como el aislamiento, la soledad o la pobreza. Por eso es importante promover una sociedad capaz de aprovechar las capacidades de los mayores, su experiencia, relaciones sociales, afirmación de valores y transmisión del conocimiento, como ha indicado Ruiz Abellán, Defensor del Pueblo de la Región de Murcia. Por este motivo los defensores del pueblo creen que se debe impulsar la participación de las personas mayores en los organismos públicos y fomentar su asociacionismo, además de hacer que los poderes públicos lleven a cabo acciones dirigidas a la prevención y promoción de los hábitos saludables de manera precoz y el fomento del envejecimiento activo como los mejores elementos para una vejez sana.
