La reforma de las pensiones prevista por el Gobierno sigue en el candelero, según se confirman o aparecen nuevas propuestas, aunque parece que se camina ya más por la senda de la confirmación que por la de aceptar nuevas propuestas. De hecho el Gobierno ya ha dado un nuevo paso en su reforma al enviar al Consejo Económico y Social (CES) el anteproyecto y la memoria de la misma, que desde el lunes tiene en su poder.
El documento sigue contemplando cambiar el sistema actual de actualización de las pensiones, vinculado en estos momentos al IPC, y hacer que dependa de los ingresos y los gastos del sistema (la Seguridad Social), fijando una subida mínima (del 0,25%) para los años de déficit y una máxima (inflación más el 0,25%) para los de superávit, una fórmula que ya funcionaría el próximo 2014. Además, el Gobierno también sigue adelante con los cambios para calcular la cuantía inicial de la pensión de forma que se pretende a partir del 2019 contemplar la esperanza de vida de los jubilados en el momento de abandonar el mercado laboral (67 años) junto a otros parámetros como la edad legal de jubilación (que ya ha comenzado a incrementarse), los años cotizados o el periodo de cómputo.
Según el Gobierno estas medidas permitirán ahorrar a la Seguridad Social algo más 809 millones de euros en un principio, aumentando el ahorro conforme se sucedan los ejercicios hasta situarse en torno a los 5.000 millones de euros en el año 2019, cuando se aplique en su totalidad la reforma. Además, según las palabras de la ministra de trabajo Fátima Báñez “Las pensiones en España nunca más se van a congelar, sino que subirán siempre en función de la marcha de la economía y de lo que España se pueda permitir en cada momento”. Pero lo cierto es que los datos expuestos por el Gobierno parten de una visión ‘optimista’ como es calcular una inflación cercana al 1%, lejos de los datos de los últimos años que la han situado en un promedio del 3%, lo que hubiera supuesto una importante reducción del poder adquisitivo de los jubilados.
El impacto de la nueva fórmula en el futuro, según el sindicato de CC.OO (que coincide de forma aproximada a los cálculos del PSOE y UGT) sería que en la próxima década las pensiones de jubilación se devaluarían en un 20%, y que los jubilados perderán hasta un 28% de su poder adquisitivo en 15 años, precisamente en un momento vital en el que es más probable que aumenten las necesidades de cuidados y atenciones. Por añadidura, hay que tener en cuenta que en estos momentos las pensiones son la principal fuente de ingresos del 32,2% de los hogares españoles, según el estudio del observatorio social de las personas mayores de 2013, de la Fundación 1º de Mayo de CCOO.
La alternativa que propone Comisiones Obreras a esta reforma del Gobierno plantea, entre otras medidas, un incremento temporal de los tipos de cotización por contingencias comunes, mediante el esfuerzo adicional compartido entre empresas, trabajadores con empleo y Estado, así como un incremento progresivo de la base máxima de cotización, la convergencia de la base media de cotización del régimen de autónomos con el régimen general y la asunción del Estado de los gastos de personal de la Seguridad Social.
También la mayoría de los portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición han anunciado que no respaldarán la reforma de las pensiones si esta no cambia la fórmula para actualizar la cuantía de las prestaciones de forma que ésta se haga conforme a la evolución del coste de la vida.
Tal vez el futuro de muchos pensionistas españoles se acabe asemejando al de los que viven en Alemania (para muchos una especie de paraíso del empleo y del bienestar social), donde, como publica elPeriódico.com, muchos pensionistas tienen que volver a trabajar hasta mucho más allá de la jubilación repartiendo periódicos por las calles, colocando mercancías en los estantes de los grandes supermercados, o en algunos de los ‘minijobs’ financiados por el Estado en los que están empleados 120.000 personas mayores de 75 años.
