Con las cifras de paro que se manejan en estos días, procedimientos como los ERE (Expediente de Regulación de Empleo), prejubilaciones y jubilaciones anticipadas, vienen apareciendo como las moscas frente a la miel. De hecho, las jubilaciones anticipadas y la prejubilaciones le suponen a la Seguridad Social un desembolso que rondan los 10.000 millones de euros, al menos esos son los datos ofrecidos por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y recogidos en el informe que va a hacer llegar en estos días al Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados para desincentivarlas.
En estos momentos, la pensión de los nuevos jubilados es mayor que los salarios más frecuentes en el mercado laboral o al menos eso dicen las estadísticas del INE y su Encuesta de Estructura Salarial, según la cual, en el 2010, el sueldo bruto anual más común era de 16.489,96 euros (sobre los mil euros netos mensuales), mientras que la nómina anual media de los nuevos jubilados se sitúa en el entorno de los 18.200 euros. Sin embargo esto no se ha de traducir en que más rentable jubilarse que seguir trabajando, ya que hay que tener en cuenta que, según la misma estadística, los trabajadores mayores de 65 años que continúan trabajando son el segmento de población con una retribución más elevada con unos 27.000 euros, un 23% por encima de la media y un 48% más que la nómina que tendrían como jubilados.
Los bajos salarios son uno de los factores que permitiría explicar el hecho de que los nuevos jubilados ganen más que los trabajadores que consiguen un empleo. La otra circunstancia es la eventual generosidad del sistema público de pensiones, teniendo en cuenta que en España la tasa de sustitución de la primera pensión respecto del último salario se situaba en 2006 en el 97%, en la banda más generosa de todos los países de de Unión Europea.
El Pacto de Toledo ya aconsejó en sus últimas recomendaciones desincentivar las jubilaciones anticipadas, tanto las forzosas como las voluntarias, ya que a que la cuantía de la anticipada es un 16 % superior a la media y la parcial un 35 %. Por ello, lo que se pide es acercar la edad real de jubilación (ahora en 63,3 años, según la ministra) a la legal (de momento los 65 años, aunque irá subiendo a los 67 progresivamente desde el 1 de enero de 2013 al 2027). En estos momentos el 50% de las altas nuevas de jubilación en el régimen general son anticipadas, y la pensión media de retiro ha pasado de 591 euros en 2002 a 923 en 2011, lo que supone una subido de más del 60 %.
