A pesar de las numerosas llamadas de atención que científicos, ecologistas y biólogos, entre otros, llevan haciendo desde hace años, ha sido un informe del Gobierno británico, elaborado por Nicholas Stern, asesor económico de la Administración británica y ex economista del Banco Mundial, el que ha desatado la preocupación por el desalentador mundo que nos espera si no se toman medidas inmediatas para atajar la crisis climática.
Según los datos extraídos del informe “Stern”, el calentamiento global provocaría, a corto plazo, el desplazamiento de 200 millones de personas debido a las inundaciones, la sequía y la hambruna en sus países de origen. La sequía, propiciada, paradójicamente, por el deshielo de los glaciares, afectará a la sexta parte de la población mundial, que se encontrará con grandes dificultades para acceder al agua potable, a la producción de alimentos y a la sanidad. Miles de especies se verán especialmente afectadas por el cambio climático que sólo acelera el peligro, ya real, de que desaparezcan. En los próximos cincuenta años, asimismo, las temperaturas globales pueden aumentar entre dos y tres grados centígrados, pudiendo ser mayor el incremento si continúa como hasta ahora la emisión de gases contaminantes.
“No podemos esperar los cinco años que llevó negociar el Protocolo de Kioto (para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero). Simplemente no nos podemos dar el lujo de esperar” afirmó el primer ministro británico, Tony Blair en la presentación del informe “Stern”. Del estudio se desprende que sería necesario invertir el 1% del Producto Interior Bruto (PBI) global para poder hacer frente a la crisis. Además, propone que se incentive el uso de energías alternativas para frenar la contaminación que provocan las convencionales. En algunos países ya se han tomado medidas. Londres estudia introducir una serie de “impuestos verdes” sobre el uso de vehículos o líneas aéreas para combatir el cambio climático. En el caso de España, tras conocer los alarmantes resultados de este informe, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Carbona, ha sugerido, con el propósito de concienciar a los ciudadanos, al Consejo Nacional del Agua, gravar el consumo diario de agua que supere los 60 litros por persona.
