Desde hoy lunes el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) debe empezar a aplicar la interpretación del decreto aprobado por el Gobierno (RD Ley 20/2012, de 13 de julio) para que los parados mayores de 55 años que soliciten cobrar el subsidio dejen de percibirlo cuando cumplan 61 años, que es la edad más temprana para poder jubilarse anticipadamente, aunque no todo el mundo cumple los requisitos exigidos para retirarse a esa edad (como el haber cotizado durante 33 años), lo que puede suponer que un número importante de perceptores de este subsidio se queden sin ayuda y sin jubilación, incrementando considerablemente el riesgo de pobreza de miles de personas, que verán reducida su pensión futura entre el 18 y el 22%.
Hasta ahora la normativa permitía recibir el subsidio de desempleo a los mayores de 55 años hasta que alcanzaran la edad legal para acceder a su pensión contributiva de jubilación en cualquiera de sus modalidades, pero de acuerdo con las nuevas directrices, si el SEPE no puede determinar la edad de primera jubilación del solicitante, se pondrá como tope a estas prestaciones la edad de 61 años.
Para aquellos que queden en el ‘limbo’ y ni puedan percibir el subsidio ni puedan jubilarse a los 61, deberán hacer las pertinentes gestiones ante el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) para demostrar que tienen derecho a seguir percibiendo el subsidio hasta que lleguen a la edad a la que puedan jubilarse.
En los últimos meses el Gobierno ha puesto en marcha medidas con las que se han endurecido tanto los requisitos para acceder al subsidio como las condiciones para acogerse a la jubilación anticipada, y ello con la finalidad de ahorrar el gasto en prestaciones. Además, en estos momentos los doce expertos a los que el Gobierno ha encargado un informe sobre la próxima reforma de las pensiones estudian la posibilidad de plantear que la revalorización de las pensiones que se hace cada año no dependa de la subida de los precios, sino de la sino de la marcha de las cuentas de la Seguridad Social (es decir, que no esté ligada al IPC) junto una reducción de la pensión inicial a los nuevos pensionistas de acuerdo con el aumento de la esperanza de vida de los españoles. Estos planteamientos supondrían a los pensionistas actuales una merma de su poder adquisitivo de hasta el 6% de ahora a 2020, y superior al 7% si se calcula de aquí a 2030.
