La lucha contra la piratería y la defensa de los derechos de autor traen de cabeza a Europa, que aún no ha encontrado una respuesta conjunta a este delito de la Red. En España la solución que, de momento, ha aprobado el Gobierno es la controvertida ley del ‘canon digital’; en Francia e Inglaterra, por su parte, se ha planteado cortar el acceso a Internet a aquellos usuarios que habitualmente intercambien archivos masivamente a través de la Red.
Ahora le ha llegado el turno a Suecia, país en el que nació Pirate Bay y existe el Partido Pirata, grupo político que defiende la libre circulación de ficheros en Internet. La Administración sueca pretende obligar por ley a los proveedores de Internet a suministrar la dirección de un ordenador que se descargue ilícitamente un archivo, algo que en España no es posible según recientes sentencias.
Con esta medida, anunciada por los Ministerios de Justicia y Cultura, se busca obtener información sobre los usuarios piratas y ponerla a disposición de los poseedores de los derechos de autor de los documentos descargados ilegalmente, y que sean ellos los que actúen con esta violación de sus derechos. Concretamente, podrían, con los datos de los usuarios, exigir la interrupción de las descargas o incluso la solicitud de indemnizaciones.
En cualquier caso, Suecia ha asegurado que no pretende obligar a las operadoras de Internet a que interrumpan los servicios a sus usuarios que hayan delinquido con descargas de archivos con derechos de autor.
